El fiscal regional metropolitano Occidente, Marcos Pastén, y la PDI prestaron declaraciones en el marco de las diligencias realizadas en el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, donde la jueza Irene Rodríguez y otros funcionarios del tribunal hicieron entrega voluntaria de celulares, además de otras incautaciones efectuadas en el contexto de la indagatoria.
En su aparición en el Centro de Justicia, Pastén afirmó que ejecutaron una serie de diligencias. El persecutor apuntó a los testimonios de quienes intervinieron en la cadena de comunicaciones entre el Poder Judicial y Gendarmería, que derivaron en la liberación del sicario Osmar Ferrer Ramírez, imputado por el asesinato del “Rey de Meiggs“.
“Tomamos declaraciones en calidad de testigo a la señora magistrada y a funcionarios del tribunal. Además, voluntariamente hicieron entrega de sus dispositivos celulares, los cuales levantamos para registrar información que pudiera ser útil. Incautamos computadores desde los cuales hicieron las comunicaciones y otra serie de antecedentes”, detalló el fiscal Pastén.
Es relevante mencionar que para desarrollar estas diligencias, según pudo conocer BBCL, se solicitó una orden en el Séptimo Juzgado de Garantía.
El representante del Ministerio Público señaló que no han surgido antecedentes que vinculen un eventual caso de extorsión a la jueza cuestionada. Sin perjuicio de ello, indicó que “no descartan ninguna hipótesis“.
Otro aspecto que tampoco se descartó fue un eventual hackeo, ya que requiere informes periciales. Tampoco se excluye la posibilidad de un error u otra motivación.
La “única resolución vigente” en el marco del escándalo por liberación de sicario
Tras ser consultado en el Centro de Justicia, Pastén aclaró que “la única resolución que se dictó es una resolución que decretó la prisión preventiva del imputado“.
Asimismo, el persecutor añadió: “Las otras comunicaciones que hay entre Gendarmería y el Poder Judicial es lo que estamos precisamente investigando. Pero, técnicamente hablando, esta persona nunca debió haber estado puesta en libertad porque la única resolución vigente era la resolución que decretó la prisión preventiva”, precisó el fiscal regional metropolitano Occidente.
Esta aclaración de Pastén llega después de que el Poder Judicial informara que el 9 de julio se emitieron tres documentos en once minutos por parte del Octavo Juzgado de Garantía.
Por su parte, el prefecto inspector Mauricio Jorquera Ramírez, jefe contra el Crimen Organizado de la PDI, ratificó que la Brigada Anticorrupción, con el apoyo de Cibercrimen y el Laboratorio de Criminalística Central, tomó declaraciones tanto a la jueza Rodríguez como a funcionarios del tribunal.
A lo anterior se suman diligencias paralelas en Santiago I, donde también se tomaron declaraciones y se incautaron teléfonos.
En total, se entrevistó a tres personas en el tribunal señalado y a cinco funcionarios de Gendarmería.
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