Fiscalía puso en la lupa la revisión de las finanzas del gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, en el marco del caso ProCultura.
Cabe recordar que Orrego sigue bajo investigación luego de que la Contraloría General de la República emitiera un informe donde reveló supuestas irregularidades en el financiamiento político de su campaña de reelección.
Bajo ese contexto, en su segundo día de declaración judicial ante el Ministerio Público -que fue entregada hace meses y que ahora fue hecha pública recientemente- la autoridad insistió en que no hubo aportes irregulares ni financiamiento político, además de justificar el programa de salud mental con la fundación ProCultura.
Sin embargo, de acuerdo a El Mercurio, la Fiscalía insiste en investigar la estrecha relación del gobernador con Alberto Larraín, cofundador de la fundación.
La investigación liderada por el fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, busca verificar si los antecedentes son verídicos o si Orrego y otros implicados incurrieron en irregularidades con la asignación de estos fondos públicos a fundaciones ligadas al oficialismo, como en este caso ProCultura.
“Descarto financiamiento de alguna de mis campañas por parte de Alberto Larraín o la fundación Procultura”, afirmó Orrego en su declaración a fines de 2024, un testimonio que aún se mantiene bajo reserva.
La defensa
En medio de su declaración, Orrego explicó que uno de sus ejes fundamentales dentro del Gore son los proyectos de salud mental.
Bajo esa premisa, la autoridad señaló que este programa, valorado en $52 mil millones, formaba parte de una amplia cartera de proyectos del Gore para 2021.
A pesar de los inconvenientes presentados por ProCultura, como la recuperación de los fondos por parte de la compañía de seguro Aspor, las demandas civiles y las querellas criminales contra esta fundación, Orrego precisó que “el Gore decidió la continuidad del proyecto a través de un convenio con el Servicio de Salud Oriente de Santiago y con la participación de las restantes fundaciones no involucradas en el caso”.
Además, recalcó que Contraloría validó todas las rendiciones del proyecto “Quédate” hasta octubre de 2023, y que los 77 proyectos de la cartera 2022 fueron aprobados exhaustivamente por diversidad entidades.
“La aprobación de todos estos proyectos duraron entre 3 y 7 meses, y aquellos de más de $1.000.000.000, además de la admisibilidad del Gore, tuvieron que ser aprobados por el pleno del Core y su respectiva comisión, y además aprobados por la Subdere, Dipres y tomado de razón por la Contraloría General de la República”, mencionó.
¿Cuáles son las medidas que tomó el Ministerio Público?
El Ministerio Público solicitó el levantamiento del secreto bancario del gobernador con el objetivo de determinar “si es que hubo o no flujo de dineros entre la fundación Procultura, dirigida por Alberto Larraín, y Claudio Orrego”.
Según un escrito de Fiscalía, destaca la necesidad de verificar si es necesario determinar si en la época previa a la asignación del convenio, recibieron o enviaron fondos que puedan relacionarse con la asignación del convenio considerando que ProCultura “no poseía experiencia en convenios de salud mental”.
La investigación también busca posibles “desvíos de dinero” y flujos que se relacionen con esta investigación, incluyendo el periodo en el que Orrego estuvo en campaña como candidato a reelección como gobernador de Santiago.
Lupa en el nexo con Larraín
La Fiscalía considera que es clave esta investigación para esclarecer los posibles delitos y la eventual participación de Claudio Orrego en ellos.
Esto, precisamente por el estrecho vínculo de amistad entre la autoridad y Larraín, forjada desde 2011 en el Partido Demócrata Cristiano y que luego en 2012 se profundizó con el nombramiento de Alberto como director del Consultorio de Salud Mental de Peñalolén, cuando Orrego en ese entonces era alcalde de dicha comuna.
La relación continuó con Larraín trabajando en su campaña presidencial de 2021, culminando en el cuestionado convenio “Quédate” con Procultura.
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