Cedida a BBCL | ARCHIVO | Agencia UNO
visitas
Los vecinos del canal El Bollo, en Las Condes, recurrirán a la Corte Suprema luego de que la Corte de Apelaciones de Santiago rechazara un recurso de protección que interpusieron tras un dictamen de Contraloría que modifica el plan regulador.
Residentes de los sectores aledaños al canal El Bollo de la comuna de Las Condes, siguen recurriendo a la justicia con el propósito de no ver afectadas la superficie útil de sus propiedades.
Se trata de un dictamen de la Contraloría sobre la modificación del Plan Regulador Comunal que reduciría la superficie útil de la propiedad, ya que actualmente la franja de protección entre el canal y las viviendas son de 15 metros, y el dictamen indica que debe ser de 80 metros.
Es por esto que los vecinos presentaron un recurso de protección en la Corte de Apelaciones de Santiago, el que finalmente fue rechazado, por lo que ahora recurrirán a la Corte Suprema.
Lo anterior tendrá como fin de que sea anulada la sentencia que desestima el recurso de protección presentado por los propietarios de los inmuebles aledaños al canal El Bollo.
En el dictamen se indica que la Dirección de Obras de la Municipalidad de Las Condes no consideró el Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS) al otorgar los respectivos permisos de edificación, la que se contrapone al artículo que fija las atribuciones interpretativas de las Seremi de Vivienda.
Según lo relataron los vecinos del canal El Bollo a partir del dictamen, esto tendría un efecto retroactivo, es decir, afectarían aquellas edificaciones previas, incluso a las que obtuvieron sus permisos de edificación hace más de 30 años.
Canal El Bollo: Habría más de mil familias afectadas
En la actualidad, son más de mil las familias que serían afectadas por este dictamen. Para la defensa de los vecinos esto contraviene el artículo 52 de la Ley 19.880, que limita la retroactividad de los actos administrativos.
Asimismo, la agrupación de vecinos comentan que existiría la amenaza de expropiación, aunque en la materialidad, podría ser imposible por el costo que involucraría al Estado y el estigma que conlleva.
La expectativa de la defensa de los vecinos, en segunda instancia, es que se revoque la sentencia apelada, dejando sin efecto el dictamen de la Contraloría, y que sea la Corte Suprema quien falle a favor de los afectados.
