Jaime Gajardo a Daniel Jadue: No me corresponde hacer gestiones por nadie sometido a un proceso penal

“Las decisiones que uno tiene que tomar las toma por lo importante que es para el país, no por la aprobación que uno pueda tener”. La frase podría servir para resumir los cuatro años que Jaime Gajardo ha pasado dentro del Ministerio de Justicia.

Llegó el 11 de marzo de 2022 como subsecretario, cuando el gobierno de Gabriel Boric recién se acomodaba en La Moneda, y se va como ministro, con la cartera cargada de temas difíciles, dilemas políticos y definiciones que no admitían medias tintas.

Falta poco más de un mes para que termine este gobierno y, con él, la gestión de quienes lo han acompañado desde el inicio. En esta conversación con BioBioChile, Gajardo repasa ese trayecto con una mezcla de cautela, firmeza, pero también, pendientes.

Habla de Daniel Jadue y de los límites que —dice— no se pueden cruzar cuando se pone en duda al sistema judicial; del caso de Julia Chuñil y de la delgada línea entre preocupación política y apresuramiento; del Plan Nacional de Búsqueda como un punto de no retorno ético para el Estado; de cárceles infiltradas, indultos que marcaron al gobierno y de una administración que piensa, debería ser juzgada más por sus decisiones y logros, que por encuestas.

Jaime Gajardo, Daniel Jadue, y la carta

El nombre de Daniel Jadue aparece inevitablemente en esta conversación. No solo porque el exalcalde de Recoleta está hoy enfrentando a la justicia, sino porque sus declaraciones —acusando persecución política y apuntando directamente a ministros comunistas— obligaron a Gajardo, a Camila Vallejo y a Nicolás Cataldo a hacer algo poco habitual: marcar un límite hacia dentro de su propio partido.

La carta enviada al Partido Comunista buscaba precisamente eso. Pero Gajardo está visiblemente molesto por la filtración. Dice que pidieron reserva y que la discusión debía darse por los canales formales. Pero más allá de la forma, el fondo es claro.

“Estoy aquí preso en este Gobierno con ministro de Justicia comunista, con ministra secretaria general comunista (…) y todos saben que es todo un montaje. ¿Y ustedes creen que a alguien se le ha movido una pestaña dentro del mundo nuestro? No, porque son parte de la persecución”, acusó Daniel Jadue.

—¿Por qué sintieron la necesidad de marcar ese límite con Daniel Jadue?

“Nosotros creemos que en este caso había más de una diferencia y ameritaba que nosotros hiciéramos un reclamo formal en la instancia partidaria y eso se tiene que discutir en las instancias partidarias. Yo no voy a hacer ninguna discusión pública al respecto, no me corresponde tampoco mi rol de ministro de Estado. Primero que todo soy ministro de Estado; segundo, lo que uno realice al interior de su partido es parte de la vida partidaria y ahí nosotros utilizamos los mecanismos formales y por lo mismo me molesta tanto que se haya filtrado esto y sea parte de una discusión pública que no debería ser”.

—Sí, pero se lo pregunto porque las críticas que hace Jadue a usted las hace en su calidad de ministro, y dice básicamente que nadie lo ha ayudado, aun teniendo el cargo que usted tiene.


“No corresponde (…) Primero que todo, nosotros como ministros tenemos una función. Yo en particular, como ministro de Justicia, tengo una función que es muy clara y no corresponde que haga ningún tipo de gestión por nadie en particular que esté sometido a un proceso penal. Entonces, por lo mismo, lo que está señalando y señaló Daniel Jaude, no solo es contrario a la Constitución, sino que además está total y absolutamente alejado de la realidad. Precisamente por eso nosotros hicimos la solicitud que hicimos. Pero como le digo, yo no voy a discutir esas cosas en público, por lo mismo pedimos que esto fuera reservado, se utilizaron los conductos regulares y esa es una discusión que se tiene que dar al interior del partido”.

—¿Cree que Jadue cruzó límites al poner en duda tanto la legitimidad del sistema judicial como el rol suyo y de los otros ministros?

“Yo creo que es muy importante que todas las personas que están enfrentando el sistema judicial entiendan que en nuestro país rige el Estado de derecho. Que en nuestro país la justicia es independiente, que la justicia es objetiva. Y sobre todo aquellas personas que ejercen cargos públicos, que son líderes sociales, tienen que ayudar a que la confianza en la justicia aumente. Porque si cada vez que hay una persona que no le gusta una resolución o que siente que esa resolución tiene algún tipo de sesgo, declara que el sistema de justicia lo está persiguiendo, eso, francamente, no solo no corresponde con la realidad, sino que además no colabora a que fortalezcamos nuestro Estado de derecho y nuestras instituciones.

Lecturas del caso Julia Chuñil

El caso de Julia Chuñil tensionó al gobierno desde el primer momento. Una mujer desaparecida, reconocida internacionalmente como defensora ambiental, en un país marcado por su propia historia de ausencias forzadas. El reflejo político fue inmediato.

¿Se apresuró el Ejecutivo al instalar el caso en la lógica de los crímenes contra defensores ambientales? Gajardo niega esa premisa. Dice que nunca se sostuvo una tesis única ni se apuntó a responsables, que lo que hubo fue preocupación y urgencia por esclarecer los hechos.

—El gobierno inicialmente posicionó de alguna manera este caso en la misma línea de situaciones que han vivido defensores ambientales y la indagatoria hoy va mostrando algo totalmente diferente. ¿Se adelantó el gobierno?

“Yo creo que lo que demostró el gobierno fue preocupación por el caso. Eso es lo primero. Siempre nuestro llamado fue que se esclarezca lo más pronto posible lo que lo ocurrió a Julia Chuñil. Manifestamos además la preocupación por el caso particular, entre otras cosas porque, en razón de antecedentes internacionales, la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos sostuvo que Julia Chuñil era una defensora ambiental. Entonces, si una defensora ambiental está desaparecida, más allá de las circunstancias y de quiénes son los responsables de esa desaparición, eso es una preocupación. No queremos que en nuestro país existan más personas desaparecidas. Nos lleva a momentos muy oscuros de nuestra historia”.

“Entonces nosotros nunca dijimos alguna tesis en particular respecto a aquello, sino que hicimos hincapié en dos aspectos: Uno, la importancia de que esto se esclareciera lo más pronto posible, y dos, que esta persona, que era reconocida internacionalmente en su calidad de defensora ambiental, era una preocupación adicional. Entonces, nunca adscribimos a una tesis particular; solo pedimos prontitud y esclarecimiento lo más rápido posible y lo mantenemos hasta el día de hoy”.

—Entonces, ¿el gobierno no cayó en fake news en este caso?

“No, nosotros constatamos el hecho de que ella era defensora ambiental, que efectivamente así tenía reconocida esta calidad por propios organismos internacionales. Y lo segundo es que solicitamos que se investigara y pudiéramos esclarecer esto lo más pronto posible”.

Jaime Gajardo y la crisis en Gendarmería: limpiar la casa

Cuando la conversación se traslada a las cárceles, el tono se vuelve más áspero. Las detenciones de gendarmes por corrupción ya no sorprenden a Gajardo, pero tampoco lo llevan a relativizar el problema. Aclara que la mayoría de los funcionarios son honestos y trabajan en condiciones extremas, pero es categórico: quienes se coludieron con el crimen organizado “van a terminar tras las rejas”.

Desde marzo de 2023, explica, se armó una institucionalidad específica para combatir la corrupción penitenciaria: fiscalías con foco carcelario, un departamento de investigación criminal dentro de Gendarmería y coordinación directa con el Ministerio Público. Los resultados —dice— están a la vista, con operativos desde Tarapacá hasta Los Lagos.

—Con todas las operaciones que se han concretado y la gran cantidad de gendarmes detenidos, ¿a su juicio confirma que el sistema penitenciario estaba gravemente infiltrado?

“Yo le diría que, a pesar de los hallazgos, yo no tengo duda de que la gran mayoría de los funcionarios de gendarmería son personas honestas, son personas trabajadoras, son personas que desarrollan una labor muy importante para el país en condiciones muy difíciles. Dicho eso, y por lo mismo, tenemos que limpiar a Gendarmería de todos los funcionarios y funcionarias que manchan el uniforme, que cometen hechos de corrupción. Y en ese trabajo estamos, y ese es un trabajo que, por cierto, también debería continuar con el próximo gobierno.”

“Entonces, el mensaje que estamos dando es muy directo a todos los funcionarios que están cometiendo hechos de corrupción, que están participando de redes criminales, que están aprovechándose del sistema penitenciario para enriquecerse y cometer delitos: todos ellos van a quedar hasta en las rejas. Y en eso hay un trabajo en curso y hemos tenido frutos importantes y vamos a continuar en la misma senda”.

—¿Tienehoy el Estado el control de las cárceles, o dominan las organizaciones criminales?

“O sea, el Estado está enfrentando las complejidades que tiene un sistema penitenciario, no solo en nuestro país, sino que, como se ha visto a nivel internacional, a nivel regional. En América Latina el crimen organizado ha crecido, se ha fortalecido en las cárceles. Y nosotros estamos para que eso no ocurra en nuestro país. Y prueba de que el Estado tiene el control de las cárceles es que tiene la capacidad de investigar y sacar del sistema penitenciario y poner tras las rejas a todos los funcionarios que están cometiendo delitos. Ese trabajo está dando frutos en todo el país.”

“Son operaciones que nos permiten precisamente combatir el crimen organizado y la corrupción al interior de gendarmería. Y eso es una prueba importante de que el Estado tiene el control de los recintos penales y de que está con todas las herramientas que le entrega la ley combatiendo de manera frontal este tipo de situaciones”.

—Son investigaciones que están en curso, entonces, ¿podría haber nuevas detenciones?

“Mire, lo que yo le puedo decir con certeza es que en el año 2023, en marzo, constituimos este equipo de trabajo. Y hoy tenemos este equipo funcionando en todas las regiones del país y yo le nombré algunas de las regiones en las que ya está dando frutos.

Indultos y el caso de Luis Castillo: legal, pero mal hecho

El tema de los indultos de condenados por el 18-O sigue siendo incómodo para el gobierno pero en particular por el caso de Luis Castillo. Gajardo no elude la autocrítica presidencial: hubo desprolijidad, y esa desprolijidad tuvo costos políticos. Subraya, eso sí, que todas las instancias de control —Contraloría, Tribunal Constitucional, comisiones investigadoras— concluyeron que no hubo ilegalidades.

—Cuando se indultó a Luis Castillo y otras 12 personas más, usted era subsecretario, pero, ¿cómo pasó esto? ¿Falló el sistema de revisión, falló la información que llegó a La Moneda o quizás falló el criterio?

“El gobierno ha entregado una gran cantidad de antecedentes respecto a esta materia. El presidente de la República también fue bien claro: aquí hubo lamentablemente prolijidades, esas desprolijidades tuvieron consecuencias políticas. El presidente hizo valer la responsabilidad política de las autoridades que estaban involucradas en ese tema”.

“Algo que también es importante y que la ciudadanía lo sepa es que todo este proceso fue sometido al escrutinio de la Contraloría de la República. Fue requerido también al Tribunal Constitucional para saber si había o no ilegalidades respecto al otorgamiento de estos indultos y, en general, un largo escrutinio, también con comisiones parlamentarias. Lo que quiero decir es que en todas estas instancias se determinó que no hubo ilegalidades. No hubo nada fuera de la ley. Y lo que el presidente ha señalado es que hubo desprolijidad y esas desprolijidades tuvieron las consecuencias políticas que ya todos sabemos”.

—¿Y usted apoyó este plan de indultos a los condenados del estallido social?

“Es que esos no son procesos que pasen por la Subsecretaría de Justicia, entonces no tengo nada que decir al respecto. En estricto rigor, quien tiene esta potestad delegada es el ministro o ministra de Justicia; claro, yo me puedo hacer cargo de los indultos desde que asumí como ministro. Me tocó el indulto, por ejemplo, de Katy Hurtado, un indulto que se otorgó el año pasado y que se realizó conforme a todos los procedimientos. Y me ha tocado denegar muchos indultos también, pero no puedo hacer cargo de procesos en los que yo no tenía ni competencia ni atribuciones”.

Ley Naín-Retamal

El fallo absolutorio a Claudio Crespo volvió a tensar una herida que en el oficialismo nunca terminó de cerrar: la aprobación de la Ley Naín Retamal. Una norma nacida en un contexto de alta inseguridad, pero que dejó una estela de desconfianza y reproches internos que hoy reaparecen con fuerza.

Gajardo pide cautela. Reconoce que la discusión ha sido áspera con posiciones muy críticas dentro del propio oficialismo. Hoy algunos califican la ley como una “ley maldita”. Él no comparte esa definición. Sostiene que Chile cuenta con un sistema robusto de debido proceso y estándares de derechos humanos, y que la norma debe leerse dentro de un marco jurídico más amplio, no a partir de un solo caso cuya aplicación aún no está clara.

—Desde el PC (su partido), el Frente Amplio y sectores oficialistas, se han establecido muchas críticas y algunos han calificado esta ley como ley maldita. ¿Usted comparte esa definición?

“Lo primero es que hay que ser prudente, hay que ver cuál fue la aplicación o no de esta ley en el proceso judicial del caso de Gustavo Gatica; del veredicto no tenemos antecedentes que sean concluyentes de que esta ley haya jugado un rol en la resolución misma. Yo entiendo que haya críticas respecto a esta ley; uno entiende también que no fue un proceso fácil. Esta es una ley que se dictó en un contexto determinado; fue una ley que tiene un objetivo también, que debe entregar mayor protección a la función policial en un contexto de alta inseguridad en nuestro país. Sin embargo, no me parece prudente que saquemos conclusiones apresuradas para afianzar nuestra posición política sobre algún punto relativo a esa ley”.

“Creo que no es justo tampoco con Gustavo Gatica. La situación de Gustavo Gatica es una situación dramática, que es algo que en nuestro país no debió haber ocurrido, que una persona que está ejerciendo su derecho a la manifestación tenga un daño de tipo ocular irreversible, que es para toda la vida. No me parece que se utilice este caso para hacer un punto político respecto a una posición que uno tenga con la ley”.

—Más allá del caso particular, ¿cuál es su opinión de la ley? ¿Es una buena ley o pone en riesgo los estándares de derechos humanos que Chile ha defendido?

“Nosotros tenemos un sistema robusto en materia de debido proceso y de compatibilidad de nuestra legislación con los derechos humanos. Esta es una ley que se inserta dentro de un conjunto de principios, de normativa constitucional, e internacional, y que se inserta también en otras leyes que se tienen que mirar en su panorama total. Y me parece que es una ley que debería cumplir el objetivo que tiene, que es entregar mayor protección a la acción policial en contextos de inseguridad.”

“Uno entiende que pueda haber distintas críticas, eso es algo que es razonable, sobre todo en una sociedad democrática, plural, con visiones distintas como las tenemos en nuestra sociedad. Pero no me parece serio, ni prudente ni justo, evaluar la base de un caso que además no hay certeza de que se haya aplicado en ese caso una ley”.

—¿El gobierno subestimó el quiebre político que esta votación podía generar en algún momento al interior de la coalición?

“Primero, la coalición dentro del gobierno está trabajando con unidad para entregar el 11 de marzo el gobierno. Lo segundo, es que esperamos que se pueda también eso manifestar en el Congreso Nacional y a nivel partidario y político partidario. Y en ese sentido, desavenencias entre los distintos integrantes de una coalición amplia, diversa, como es el oficialismo actual, hay permanentemente. Hay que tener la capacidad de sobreponerse a esas vicisitudes y tener la capacidad también de trabajar en conjunto por un proyecto que consideramos que es el correcto o que consideramos que es el más justo para la sociedad que queremos”.

Plan Nacional de Búsqueda como una “política de Estado”

Si hay un tema que Jaime Gajardo defiende con convicción personal, es el Plan Nacional de Búsqueda. Lo define como un “imperativo ético” y como la primera vez que el Estado, en su conjunto, asume la tarea de buscar a las personas detenidas desaparecidas.

Enumera avances concretos: una nómina única de 1.469 víctimas, millones de documentos sistematizados, mapas georreferenciados, más de 80 diligencias en terreno y archivos —públicos y privados— puestos a disposición de los jueces.

— ¿Cuál es la evaluación que usted hace de este plan? ¿Se logró pasar efectivamente de una etapa, digamos más simbólica, a resultados concretos?

“El Plan Nacional de Búsqueda era una de las políticas prioritarias de nuestro gobierno. Es un plan que el presidente de la República lo firma a 50 años del golpe militar, en el año 2023. Y es un plan que es muy significativo porque es la primera vez que el Estado se pone, con todo lo que significa eso, a disposición de la búsqueda de las personas detenidas desaparecidas de la dictadura militar. Ese trabajo antes lo llevaban adelante principalmente las agrupaciones y los familiares de las personas que interponían acciones judiciales. O la Vicaría a la Solidaridad jugó un papel clave también en esto. Pero nunca el Estado había desarrollado un plan propiamente tal con ese objetivo y por eso es tan importante. Nosotros hemos dicho que es un imperativo ético para nuestra sociedad. Fueron agentes del Estado los que hicieron desaparecer a miles de nuestros compatriotas y es precisamente el Estado el que tiene la obligación de buscar”.

“En ese marco, nosotros hace un mes entregamos al presidente de la República una memoria de dos años del trabajo del Plan Nacional de Búsqueda. En esa memoria se da cuenta de cómo se instaló el plan, principalmente durante su primer año, cómo se instaló su gobernanza (…) Es decir, es un organismo amplio y transversal que lleva adelante el seguimiento de las acciones del plan.”

“Lo otro que es muy importante es que el plan logró reunir en un sitio web estatal por primera vez la nómina única de las 1469 personas víctimas de la desaparición forzada de la dictadura militar. Y en este sitio web usted además puede encontrar un mapa georreferenciado de las trayectorias de estas personas, del lugar desde el cual fueron detenidas, los centros de presión y tortura por los que pasaron hasta el lugar en el que ya se pierde el rastro. Reconstruir las trayectorias es muy importante porque, además, toda esta información se ha puesto a disposición de los ministros en visita que están llevando adelante causas que todavía están abiertas”.

—En el último tiempo se observa una mayor cantidad de resoluciones judiciales a favor de las víctimas o familiares. ¿Cree usted que hay algún cambio de tendencia quizás en el poder judicial en esa línea?

“Yo creo que las investigaciones en los últimos cinco años han ido decantando. Son investigaciones que venían de antes, que han ido llegando a término. Entonces eso puede generar la sensación de que haya más fallos en el último tiempo. Y yo creo que eso también se ha afianzado con jurisprudencia que ha sido concordante con jurisprudencia que establece, por ejemplo, la imposibilidad de aplicar la ley de amnistía o el último fallo que establece que la media prescripción tampoco se debería utilizar. Entonces, yo creo que el proceso de la justicia ha ido decantando y aquí, además, el Plan Nacional de Búsqueda ha permitido entregarle mucha información a los ministros y ministros en visita que también han ido arribando a conclusiones producto de la información con la que cuenta”.

—¿Le parece importante continuar con este plan más allá de este gobierno? ¿Hay preocupación con la llegada de José Antonio Kast?

“Cuando se presentó el plan, hubo un acuerdo muy transversal y una recepción muy positiva. Lamentablemente, surgieron posteriormente, y se incrementó en las últimas elecciones presidenciales, discursos negacionistas que creen que no se debía continuar con este tipo de política. Pero nosotros consideramos este plan como un imperativo ético de nuestra sociedad, no de un gobierno. Tiene que ser una política de Estado, para entender que nuestra convivencia pacífica se basa en el respeto de los derechos humanos, se basa en el respeto del otro, se basa en el respeto del adversario político, que nunca podemos considerar un enemigo al cual estamos disponibles a torturar, a hacer desaparecer, a someterlo a los vejámenes más horrendos que lamentablemente conocen nuestra historia, que fue lo que ocurrió durante la dictadura militar. Y para eso tener toda la verdad y lograr esclarecer el paradero de nuestros compatriotas es muy importante. Y por lo mismo nosotros creemos y esperamos, y yo tengo bastante esperanza de que el próximo gobierno no va a retroceder esta materia”

Balance final: lo que queda y lo que faltó

Al mirar hacia atrás, Gajardo identifica tres hitos: el Plan Nacional de Búsqueda; la creación del Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y la Defensoría de las Víctimas; y el cierre definitivo del Sename con la implementación del nuevo sistema de reinserción juvenil.

La autocrítica apunta a la infraestructura penitenciaria. “Esto está en la línea divisoria entre aquellas cosas que logramos, pero nos habría gustado poder profundizar más”, dice. Destaca que el plan maestro quedó en marcha, pero que habría querido más tiempo para ver cárceles nuevas funcionando: “Nos habría gustado tener un par de años más para poder inaugurar todos estos proyectos que estamos construyendo de cárceles a largo de todo el país”, admite.

—Y alguna vez en su gestión, como subsecretario o como ministro, ¿le ocurrió algo que lo hiciera pensar en renunciar?

“Es que más que pensar en renunciar… Ya prácticamente voy a llevar cuatro años en el gobierno. Los mismos días que faltan para que termine el gobierno son los mismos días que me faltan para completar cuatro años en el gobierno. Lo que yo le puedo decir es que en estos intensos casi cuatro años ha habido muchas situaciones muy complejas que hemos tenido que abordar, pero siempre con la convicción de que es una gran responsabilidad y un gran honor estar en este cargo. Por eso, más que pensar en renunciar, hay que pensar en cómo hay que tener la templanza, la tranquilidad, la determinación, la fuerza para seguir adelante”.

Al final, Jaime Gajardo no mide su paso por Justicia en encuestas ni en popularidad. Prefiere que lo hagan las decisiones: las que incomodaron, las que tuvieron costos y las que —con el tiempo— dirán si el país estaba preparado para tomarlas. El juicio final, insiste, no será inmediato. Lo hará la ciudadanía, cuando el ruido político ya haya bajado.