Vecinos que viven en los alrededores del Canal El Bollo de Las Condes cuestionaron la resolución de la Contraloría por extender en 80 metros la afectación de las modificaciones del Plan Regulador Metropolitano al considerar la superficie de “utilidad pública”.
Sorprendidos y preocupados están los vecinos que viven en los alrededores del Canal El Bollo en Las Condes, en la región Metropolitana, por el fallo de la Contraloría sobre la modificación del Plan Regulador Comunal que reduciría la superficie útil de la propiedad.
Según indican en un comunicado, la medida extenderá “la zona de afectación a utilidad pública del canal a 80 metros, pese a que la Municipalidad nunca consideró esa franja de protección y que la Seremi de Vivienda Metropolitana la fijara en 15 metros”.
El problema radica en que hay vecinos que llevan más de 30 años viviendo en el lugar; algunos ya han terminado de pagar su hipoteca, o bien pensaban vender para aprovechar la plusvalía que supuestamente se habría generado tras haber invertido en aquellos terrenos.
Superficie sería de “utilidad pública”
La Contraloría habría argumentado que la extensión se debe a que los 80 metros serían de “utilidad pública”, apuntando a que la Dirección de Obras de la Municipalidad de Las Condes no consideró el Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS) al otorgar los respectivos permisos de edificación.
El abogado Julio Pallavicini, representante de las familias afectadas, quienes interpusieron un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago, y en el cual se han hecho parte otros vecinos, advirtió que el dictamen de la Contraloría es ilegal y arbitrario, pues “contraviene el artículo 52 de la Ley 19.880 (que limita la retroactividad de los actos administrativos) y el artículo 4 LGUC, que fija las atribuciones interpretativas de las Seremis de Vivienda, al afectar con la nueva extensión de la franja, adquisiciones y edificaciones de inmuebles aledaños que han tenido lugar por más de 30 años, sin considerar el área de protección de 80 metros”.
De igual forma, hizo presente la inconsistencia jurídica que se produciría entre la franja de protección del canal en las comunas de Las Condes y de La Reina, pues para la primera ella sería de 80 metros y para la segunda de 15 metros. En la misma línea, agregó que con el nuevo criterio nada impediría que a futuro se fijara por la vía interpretativa, que la franja de protección del canal en la Municipalidad de la Reina se extendiera a 80 metros.
Vecinos acusan que no podrán vender con facilidad
En el escrito, los vecinos precisan que son 200 las familias afectadas por el dictamen, aseverando que “no podrán vender fácilmente, hipotecar o modificar sus inmuebles, al quedar grabados por una eventual expropiación”.
Por ello, piden que “se reconsidere la extensión de las zonas de afectación de dicho canal a 15 metros, tal como lo estableció la Seremi de Vivienda y como ocurre con el Plan Regulador Comunal de su vecina comuna de La Reina, si no, tendrían que homologar el mismo dictamen a este último municipio y el desajuste sería doblemente catastrófico”, aseguró Pallavicini.
Finalmente, la defensa señaló que en materias urbanísticas “corresponde a las Seremis de Vivienda, como órganos técnicos, interpretar las disposiciones de los instrumentos de planificación territorial, las que están facultadas para darle sentido a las áreas verdes establecidas en el PRMS y para resguardar la continuidad y coherencia a la regulación urbanística”.
