Una demanda por tutela de derechos fundamentales presentó una exinspectora de seguridad contra la Municipalidad de Providencia ante el Primer Juzgado de Letras de Santiago, acusando haber sido obligada a infiltrarse en la “primera línea” durante el estallido social.
Según se relató en el recurso judicial al que accedió BioBioChile, Evelyn Quezada trabajó desde febrero de 2013 en el municipio realizando labores como la “inspección general de la comuna, supervisar obras y rentas, ser inspectora de áreas verdes, gestionar contratos con empresa externas, entre otras labores propias del cargo”.
Todo cambió el 19 de noviembre del año pasado. Quezada aseguró que ese día, uno de sus jefes directos identificado como Felipe Frez, le comunicó que “debía comenzar a realizar labores que estaban fuera de las estipuladas en mi contrato laboral, que se tradujo, en la práctica, en enviarme a pie a distintas zonas que fueran foco central de la contingencia nacional del último tiempo principalmente a Plaza Baquedano, con el fin de que yo me infiltrara en primera línea entre los manifestantes para obtener información”.
Para ello dijo que se le pedía que fuera lo más desordenada posible, para que no descubrieran su identidad, y agregó que no se le entregaba algún objeto de protección, “ni siquiera para nuestros ojos”.
La mujer indicó que debido a ello no podía acceder a baño, no tenía horario de colación y además se le exponía “sin causa justificada a la violencia existente en la zona”, por lo que consideró que se vulneraron sus derechos fundamentales y se le expuso física y sicológicamente a riesgos innecesarios.
La idea de infiltrarse, según expresó en la demanda, era obtener información sobre cómo se organizaban aquellos manifestantes y saber para cuándo habrían nuevas marchas, además de conocer la situación del comercio ambulante e identificar a quienes vendían droga. Todos los datos recabados eran enviados vía WhatsApp.
Su relato continuó con lo ocurrido el 25 de noviembre, día en el que aseguró hubo una intensificación del procedimiento ya que se le pidió llevar cigarros y cervezas para repartir a los manifestantes.
Amenaza
La mujer aseguró que si bien no quería asistir, se vio obligada acusando que Frez y la jefatura en general le hicieron saber que podrían llegar a ser despedidos ya que en marzo habría renovación de contrato. De hecho, aseguró que Ivonne Johansen, otra jefa, le señaló que “había otras personas que querían mi trabajo” y que si no se infiltraba, sería reemplazada.
Las infiltraciones continuaron hasta que llegó el día 4 de diciembre, día que calificó como uno de los más peligrosos, ya que funcionarios fueron a recoger a los inspectores en vehículos fiscales, por lo que quedaron en evidencia como trabajadores municipales.
Por ello, el 24 de diciembre se acogió a la figura del autodespido asegurando que su empleador, la Municipalidad de Providencia, incurrió en graves incumplimientos a las obligaciones que le imponía el contrato de trabajo.
De esta forma, busca que el municipio sea condenado por haber vulnerado su integridad y que se le paguen más de $20 millones en total por diversos ítemes, como indemnizaciones, el pago del mes de aviso, feriado legal proporcional y la remuneración parcial de diciembre.
Ante esto, el Primer Juzgado de Letras del Trabajo ya resolvió citar a las partes a una audiencia preparatoria para el 18 de febrero próximo, donde se deberán presentar las pruebas. Además, se le indica a la Municipalidad de Providencia que debe responder a la demanda por escrito con cinco días hábiles de antelación respecto de la celebración de la ausencia.
BioBioChile se comunicó con el municipio, desde donde señalaron que la trabajadora “falta a la verdad”, ya que el 19 y 20 de noviembre se encontraba con licencia médica. Además, anunciaron un sumario administrativo para indagar la denuncia.
