La Contraloría Regional del Maule detectó diversas irregularidades en la administración de viviendas fiscales destinadas a funcionarios públicos de la región. Entre ellas, figuran deudas por servicios básicos, inmuebles abandonados y construcciones sin permisos municipales. Además, se detectó que se otorgaron viviendas fiscales a funcionarios que ya tenían propiedades en la misma localidad donde ejercían sus funciones.
Los hallazgos forman parte del Informe Final de Investigación Especial N.º 393, fechado el 10 de septiembre de 2026, que examinó la gestión de la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales y la asignación de estos inmuebles a distintos organismos públicos.
14 funcionarios tenían propiedades en la misma localidad
Uno de los principales hallazgos corresponde a que 14 funcionarios de ocho servicios públicos mantenían viviendas fiscales asignadas, pese a que ellos o sus cónyuges figuraban como propietarios de inmuebles particulares en la misma localidad donde desempeñaban sus funciones. Situación que, según Contraloría, contraviene lo dispuesto en el artículo 91 de la Ley N.º 18.834.
De ese total, 11 funcionarios aparecían como propietarios de inmuebles y los otros tres casos correspondían a propiedades de sus cónyuges. Entre las propiedades de los primeros, seis tenían destino habitacional, cuatro figuraban con destino agrícola y una correspondía a un sitio eriazo.
No obstante, en tres terrenos agrícolas o eriazos, las imágenes satelitales revisadas por Contraloría mostraron la presencia de construcciones.
Por lo anterior, el organismo solicitó acreditar los antecedentes de dominio y verificar el cumplimiento de los requisitos legales para acceder al beneficio.
Tres viviendas ocupadas por personas que no son funcionarios públicos
La fiscalización también constató la existencia de dos viviendas fiscales abandonadas, ubicadas en Molina y Talca. Asimismo, identificó tres inmuebles asignados a personas que ya no mantenían la calidad de funcionarios públicos, con situaciones de ocupación irregular al momento de la revisión.
A estos hallazgos se suman 17 viviendas fiscales sin permisos de edificación o recepción municipal en Talca, Cauquenes, San Clemente, Linares y Pelluhue.
Además, el informe identificó nueve inmuebles utilizados como viviendas por funcionarios, pese a que sus actos administrativos establecían destinos distintos al habitacional.
Deudas que superan los $45 millones y falta de catastro de la Seremi
Otro de los hallazgos corresponde a $45.715.530 en obligaciones vencidas asociadas a viviendas fiscales. El monto se desglosa en $33.520.384 por derechos de aseo, $8.186.850 por consumo de agua potable y $4.008.296 por electricidad.
Contraloría instruyó a Bienes Nacionales exigir la regularización de las deudas y verificar las medidas adoptadas por los organismos responsables. Si estos no acreditan el pago, deberán presentar acciones concretas para solucionar las obligaciones pendientes o restituir los inmuebles, según corresponda.
Además, según el informe, se comprobó que la Seremi de Bienes Nacionales del Maule “no contaba con un catastro actualizado de las viviendas fiscales con fines habitacionales para funcionarios públicos de la región“. Detectándose diversas irregularidades en esta materia.
Finalmente, se constató que, entre enero de 2021 y abril de 2026, había 22 viviendas fiscales que no habían sido fiscalizadas por la Seremi de Bienes Nacionales. Asimismo, se observó una cobertura desigual en los procesos de fiscalización realizados.
El informe instruyó a la Seremi de Bienes Nacionales del Maule iniciar un procedimiento disciplinario para determinar eventuales responsabilidades administrativas por las observaciones detectadas. También impartió instrucciones para subsanar las irregularidades identificadas.
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