Un narco italiano que fue descubierto mientras intentaba ingresar 103 kilos de cocaína a Chile y el miembro de un grupo neonazi condenado por homicidio también forman parte de los presos que fueron beneficiados por Fernando Rabat.
Bío Bío accedió a más de un millar de decretos firmados por altos personeros del Ministerio de Justicia durante los primeros siete meses del gobierno presidido por José Antonio Kast. Entre ellos figuran Massimiliano Beltrami y Patricio Salas Villar, quienes recibieron rebajas de penas de 9 y 21 meses, respectivamente. Y aunque los beneficios se dictaron de manera legal, abren una grieta en el discurso con el que el Jefe de Estado se hizo del sillón presidencial.
A estos se suman un hombre que atacó con un hacha a una vecina. “Me sacó una lonja del cráneo”, relató la propia víctima, quien también sufrió la amputación de los dedos de una mano. En este caso, la reducción de pena fue de un mes y seis días.
Narco internacional
Massimiliano Beltrami, vinculado a la mafia italiana durante el proceso judicial, cayó casi por casualidad, luego de que usara como coartada su supuesta participación en un evento de deportes náuticos. Pero al fiscalizador de la Aduana chilena le pareció extraño que el grupo no viniese bronceado: le hallaron más de 4 mil millones de pesos en cocaína al interior de motos de agua.
Los hechos se remontan a 2018, cuando Beltrami y otros cuatro italianos coordinaron la compra y transporte de más de 100 kilogramos del estupefaciente. Para esto, el grupo viajó a fines de febrero de 2018 desde Italia a Chile. Trajeron consigo cuatro jet ski. Su coartada era que participarían de un torneo de deportes acuáticos. La idea era simple: llevarían las motos de agua hasta una localidad cercana a Lima, las cargarían con droga y las volverían a ingresar a Chile. El destino final era Roma, vía marítima.
El plan, sin embargo, no resultó como esperaban. Alcanzaron a cargar dos motos para intentar internarlas a territorio nacional cuando la Aduana chilena les cayó encima.
Aunque anecdótico, fue uno de los fiscalizadores quien comenzó a sospechar que las excusas que dieron los italianos no cuadraban. Resulta que al funcionario chileno que los atendió en la frontera le pareció extraño que no vinieran bronceados. Esto, pese a supuestamente estar participando de un evento playero en pleno verano.
Así, llevaron las motos -cargadas en sendas camionetas- hasta el pozo de revisión y se dieron cuenta que los remaches no correspondían a los originales. Los inspectores taladraron uno de los jet ski y apenas perforaron la cubierta saltó un polvo blanco: era cocaína. En total, eran 103 kilos de clorhidrato de cocaína con un 57% de pureza, droga avaluada en más de 4 mil 500 millones de pesos de aquel momento.
Beltrami cayó detenido casi de manera paralela. Si bien no transportaba las motos, carabineros hicieron un control de identidad al italiano, quien se encontraba en actitud sospechosa en el complejo.
Puntualmente, fue detenido por la policía “en circunstancias en que éste vigilaba el cargamento de droga”. Documentos hallados en su vehículo confirmarían más tarde su vínculo con el narco.
La Operación Tirreno, como se haría conocida en medios de comunicación, terminó con Beltrami condenado a 9 años de prisión en Chile.
El decreto de Beltrami
El decreto que concedió la rebaja de 9 meses y 16 días en favor del narcotraficante fue firmado por el ministro de Justicia, Fernando Rabat el 15 de mayo de 2026.
En el documento adujeron que la cartera “no estaba habilitada para denegar el beneficio de reducción de condena fundado en la gravedad del delito y el bien jurídico protegido”.
En esa línea, citaron “jurisprudencia uniforme” de la Excelentísima Corte Suprema que obligaba a dictar el decreto correspondiente.
Hasta el cierre de esta edición no fue posible confirmar la situación actual de Beltrami. En teoría, debía ser extraditado para enfrentar a la justicia de su país una vez completara su castigo en Chile. Con la rebaja de Rabat, su condena terminaba el 16 de mayo de 2026.
Batallón 38
Patricio Salas Villar fue condenado en 2017 a 13 años de cárcel por el homicidio de Isaac Araya Herrera. Los hechos datan del 22 de octubre del 2014, aproximadamente a las 21:30 horas, cuando el grupo neonazi “Batallón 38” -del que era parte Salas Villar, apodado el Pato Cleto- emboscó a la víctima y a sus amigos con palos, un bate de béisbol y armas blancas para asesinarlos. El Batallón 38 les impidió la salida, al sellar ambos lados de la calle, mientras los amenazaban: “Se tiraron punkies culiaos”, gritó el grupo neonazi al momento del ataque.
A consecuencia de la agresión, expuso el Ministerio Público durante el proceso judicial, la víctima Isaac Andrés Araya Herrera resultó fallecido producto de un shock hipovolémico causado por heridas cortopunzantes penetrantes abdominales, de acuerdo a lo señalado en el informe de autopsia.
El decreto que rebajó la condena de Salas en 21 meses y 97 días fue firmado por el subsecretario de Justicia, Luis Silva. “Este ministerio está habilitado para denegar el beneficio de reducción de condena fundado en la gravedad del delito y el bien jurídico protegido”, argumentó.
Con esto, la nueva fecha de término de condena se fijó para el 24 de septiembre pasado, por lo que debería estar libre.
Ataque a sangre fría
José Teodulio Zúñiga Argel era conocido como el Joselo. El 25 de mayo de 2019 llegó hasta el domicilio de M.O. Fue ella misma quien lo invitó a su casa en Chaicas, una localidad de la región Los Lagos.
Según confesó a Radio Bío Bío, Joselo llevaba meses insistiéndole una salida.
“El siempre me buscó, me mandaba solicitudes en Facebook, pero yo no aceptaba. Me mandaba mensajes y yo lo dejaba ahí no más, hasta que un día, ese día, me pilló no sé… volando bajo”, admitió.
La velada estuvo bien. Hasta compartieron con los hijos de M. Pero fue cuando se fueron a acostar los menores que Joselo intentó darle un beso. “Se intentó propasar conmigo y yo lo eché de la casa”, reconoció la víctima.
Se fue enojado, pero durante la madrugada volvió a la casa acompañado de su sobrino de 17 años.
“Al abrir la puerta lo veo a él con el sobrino y de ahí no sé más. Hasta que desperté como una hora y media, dos horas después, totalmente ensangrentada. Me faltaban los dedo. Me sacó una lonja de cráneo con el hacha. Yo no sabía qué me había pasado porque ni siquiera yo sabía con qué él me había atacado”, relató.
Después de haber estado inconsciente durante más de una hora, despertó. No se podía mover así que le gritó a su hijo de 11 años. Fue él quien llamó a Carabineros y detuvo la hemorragia. Hasta salió a buscar a los uniformados que no lograban dar con la casa.
M. terminó con dos dedos cercenados, heridas en su cabeza, fracturas en su espalda y muñeca.
“Mi vida ha cambiado en un 100%. A mí él me cagó la vida, me hizo pebre”, lamentó la víctima.
Joselo fue formalizado en un principio por los delitos de lesiones graves y mutilación. Finalmente fue condenado por femicidio frustrado. Se le sumaron las agravantes de que ya tenía una condena anterior por violencia intrafamiliar tras pegarle a su expareja.
El decreto que rebajó su condena en 1 mes y 6 días lleva la firma del ministro Rabat. Al igual que en las otras oportunidades, explicitó que su cartera no podía impedir el beneficio.
Otros homicidas
Bío Bío Investiga cruzó información contenidas en los decretos con archivos de prensa y descubrió otros condenados de connotación pública que recibieron el beneficio bajo el actual gobierno.
Cristian Delgado Oyarzo: fue condenado como autor del asesinato de un chofer de camiones ocurrido en la madrugada del 8 de septiembre de 2018 en Osorno, tras propinarle una estocada en el tórax. Luis Silva le concedió una rebaja de seis meses.
Alan Araya Lemus: fue condenado por el Tribunal de Juicio Oral en Lo Penal de Calama a 11 años de presidio efectivo como autor de homicidio, por un crimen perpetrado de madrugada en las inmediaciones de un servicentro en calle Granaderos, en Calama. Rabat le redujo 8 meses la sentencia.
Claudio Faúndez Chacón: sentenciado en octubre de 2018 por el TOP de Valdivia a 10 años y un día de cárcel efectiva por homicidio, tras apuñalar y dar muerte a su amigo Sebastián Hernández Lagos en la comuna de Río Bueno. Rabat redujo la condena en 13 meses.
La defensa de Rabat
Una férrea defensa de su gestión realizó este miércoles ante la Cámara de Diputados el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, en medio de los cuestionamientos por las rebajas de condena concedidas a agresores sexuales de menores de edad. Pese a la evidencia en su contra, la autoridad apuntó a las atribuciones que establece la ley, responsabilizó al Congreso por un vacío normativo y aseguró —contrario a lo que señalan varios de los fallos— que su cartera estaba obligada a cumplir las resoluciones de la Corte Suprema.
En primer término, el secretario de Estado apuntó a que la evaluación de los antecedentes de los condenados corresponde exclusivamente a las comisiones de Reducción de Condenas, conforme al artículo 10 de la Ley Nº 19.856. Según sostuvo, el Ministerio interviene en una etapa posterior, cuando la decisión ya se encuentra firme, limitándose a formalizarla mediante la firma del respectivo decreto. Eso, pese a que durante su gestión también se denegaron decretos.
—Exigirle a un ministro de Estado, como el de Justicia, que lo califique (al solicitante) y que lo condene, importa infringir los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de la República, porque me estarían exigiendo actuar fuera del ámbito de mis atribuciones, actuar fuera del ámbito de mis competencias y eso no es admisible —argumentó Rabat.
En esa línea, también trasladó buena parte de la responsabilidad al Congreso Nacional. El ministro recordó que en 2022 se modificó la legislación para excluir del beneficio a condenados por delitos sexuales contra menores de edad, pero cuestionó que los parlamentarios no incorporaran una disposición transitoria que regulara su aplicación a hechos cometidos antes de la entrada en vigencia de la reforma.
—De manera unánime, en el mes de enero del año 2022, (el Congreso) no escuchó a la defensora de la Niñez y no incorporó (…) una norma transitoria que permita fijar el correcto sentido de esta disposición —reprochó, agregando que desde entonces se han dictado más de 430 sentencias que, según su exposición, respaldan la imposibilidad de aplicar retroactivamente dicha exclusión.
Por último, Rabat aseguró que, al asumir la conducción del Ministerio, inicialmente rechazaron las solicitudes de rebaja de condena. Sin embargo, explicó que la Corte Suprema acogió recursos de amparo y objetó que su cartera se pronunciara sobre materias reservadas a las comisiones evaluadoras. De ahí que defendiera el posterior cambio de criterio de su administración.
—Si eso es incumplir la ley, señores diputados (…) espero que me expliquen cómo puedo dejar de cumplir una sentencia de la excelentísima Corte Suprema sin infringir el juramento que efectué en este Congreso Pleno el 11 de marzo del año 2026 —sentenció.
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