¿Quién paga el recorte en educación superior?

Hace unos días, el Congreso Nacional rechazó en gran medida la propuesta original del Gobierno para el presupuesto 2027 de la educación superior pública. Fue una buena noticia para el país que haya acuerdo en revisar esas partidas y evitar un daño sustancial al desarrollo nacional. Es una oportunidad para avanzar hacia un presupuesto que reconozca el valor público de las universidades, su compromiso con las comunidades y su contribución al desarrollo social, cultural, científico y territorial de Chile.

Transversalmente en el mundo parlamentario hay preocupación por el impacto negativo que tendrá -regional y nacional- la idea de reducir el financiamiento de las universidades, principalmente porque hemos sido siempre un motor activo del crecimiento y calidad de vida del país. Durante generaciones hemos formado profesionales de calidad en los distintos territorios donde estamos insertas, generando movilidad social para cada profesional y para sus familias.

Chile es valorado internacionalmente por la calidad y prestigio de sus universidades estatales y tradicionales, tanto por la formación de profesionales idóneos, con altos estándares de excelencia, ética y compromiso con la sociedad, como por el nivel avanzado de nuestra investigación científica e innovación.

Las universidades estatales sabemos que nos encontramos en un escenario de estrechez fiscal, pero no estamos solicitando que se aumenten los recursos que se nos asignan, solo estamos pidiendo que se repongan los montos que se nos han reducido, dejando nuestro presupuesto 2027 con un financiamiento equivalente al del presente año. Es decir, queno se castigue a la educación pública pues asume el mayor costo del ajuste.

Por eso tenemos el deber de mostrar y comunicar a la ciudadanía que la Ley de Presupuesto viene con un ajuste desproporcionado, que pone en riesgo la educación pública y todo lo que hacemos como universidades por el desarrollo regional y nacional.

De cada 10 pesos que se propone rebajar en educación superior, más de 9 pesos se le restan a la partida de Fortalecimiento de la Educación Superior Pública. Esta concentración es injusta y el costo lo sufrirán directamente nuestras comunidades y territorios a lo largo de Chile.

Por primera vez en la historia se propone una rebaja real de los montos destinados al Aporte Fiscal Directo (AFD), que constituye el aporte basal más relevante para todas las universidades tradicionales. En el caso de las universidades estatales, el AFD baja en más de un 4%.

También están en riesgo las tutorías estudiantiles, el programa PACE (-3,2%) que es la vía de acceso principal a la Universidad para jóvenes que provienen de familias y escuelas vulnerables; los proyectos de vinculación con el territorio, la ciencia regional y la extensión cultural tras eliminarse los Fondos Regionales y el ADAIN.

Inexplicablemente, además, se reduce la posibilidad de usar nuestros propios fondos acumulados del Fondo Solidario de Crédito Universitario (de 45% a 35% anual y de 30% a 20% acumulado), restando un aproximado de $24.925 millones de liquidez, sin generar ningún ahorro fiscal.

Ya este año el Ministerio de Hacienda nos aplicó, respecto del presupuesto aprobado por el Congreso el año pasado, un reajuste fiscal directo superior a 22 mil millones de pesos y otra cifra similar en recortes de los programas de ciencia.

Con el actual proyecto de Ley de Presupuesto, si no se corrige, se creará un tremendo riesgo de déficit y vulnerabilidad financiera, que significará hacer mucho menos por las regiones y por el país, incluso podría aumentar el desempleo local o dejar estudiantes con mérito sin acceso a becas sociales, deportivas o limitar la ayuda a personas en condición de discapacidad.

Las Universidades del Estado, entre estudiantes, funcionarios y académicos representamos a casi 250 mil personas, más sus familias, y también alzamos la voz por nuestras comunidades locales que acceden a nuestros servicios sociales, prevención en salud mental, clínicas jurídicas, actividades deportivas y culturales, que se financian con los recursos que ahora se pretenden eliminar.

Cuando una familia debe apretarse el cinturón, prioriza mantener lo esencial y no debe sacrificar la educación de las hijas e hijos, porque sin educación no hay mejor futuro posible, ni crecimiento económico ni desarrollo humano.

¿Quién paga el recorte en educación superior? Hasta ahora, solo la educación pública. Chile no puede sacrificar su propia educación estatal para cumplir con un ajuste fiscal. Si matamos la calidad y el aporte histórico de las universidades públicas estaremos sacrificando el futuro del país y a sus nuevas generaciones.