El ministro de Justicia, Fernando Rabat, aseguró este jueves que está tranquilo frente a la acusación constitucional anunciada por la oposición por las rebajas de condena a agresores sexuales de menores. A su juicio, con la iniciativa “se está haciendo un punto político”.
Tras exponer el miércoles ante la Cámara de Diputadas y Diputados, el secretario de Estado insistió hoy en que actuó conforme a la ley y descartó que los cuestionamientos planteados justifiquen una acusación en su contra.
Consultado hoy por una eventual renuncia, volvió a destacar el respaldo del presidente José Antonio Kast. “En lo que a mí respecta, estoy con la conciencia muy tranquila y le agradezco mucho al señor Presidente de la República la confianza que me ha dado”, expresó.
Rabat cuestiona fundamentos de la acusación constitucional
En declaraciones a TVN, después de la ceremonia de nombramiento de Marisol Rojas como ministra de la Corte Suprema, Rabat defendió las explicaciones que entregó ante los diputados.
“Agradezco a los señores diputados, señoras diputadas que me hayan escuchado ayer, porque con un poco de honestidad y apegándose a la Constitución y la ley, he obrado conforme a ella. Todo lo que se dijo ayer no son cuestiones propias de una acusación constitucional, por lo tanto, sigo estando muy tranquilo”, aseguró.
La postura del ministro se conoce mientras la oposición prepara el libelo y parlamentarios del propio oficialismo han pedido su salida. La Moneda, sin embargo, mantiene su respaldo a la autoridad.
Ayer, Rabat defendió las rebajas ante la Cámara, pero sus explicaciones sumaron cuestionamientos. Para respaldar su gestión, citó un decreto del gobierno de Boric que no enfrentaba la misma exclusión legal y presentó como obligatorias decisiones judiciales que, en algunos casos, solo exigían resolver las solicitudes, sin ordenar conceder el beneficio.
Las rebajas que mantienen cuestionado a Justicia
La controversia comenzó con los 56 decretos que concedieron reducciones de condena a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores. Posteriormente, BioBioChile publicó antecedentes de beneficiados, sus condenas y los meses descontados, además de revelar rebajas a condenados por crímenes de la dictadura.
Justicia ha defendido que aplicó la legislación y los criterios de la Corte Suprema. Los cuestionamientos apuntan, entre otros aspectos, a la diferencia entre cumplir una orden judicial que concede un beneficio y aplicar administrativamente la interpretación de otros fallos.
Aunque el Gobierno reconoció un error y anunció una revisión de los decretos, mantiene a Rabat al frente de la cartera. El ministro, por su parte, insiste en que su actuación no constituye un fundamento para acusarlo constitucionalmente.
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