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Resumen generado con una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por BioBioChile y revisado por el autor de este artículo.

El gobernador del Bío Bío, Sergio Giacaman, entregó un informe de auditoría en la Fiscalía Regional que detectó irregularidades en la gestión previa de Rodrigo Díaz, estimando pérdidas de 42 mil millones de pesos. Se presentaron demandas a Artesanías de Chile e Impulsa Bío Bío por mal uso de recursos, buscando recuperar más de 400 millones. Se señaló que entidades desviaron fondos de convenios y hubo falta de control en organismos sin actividad fiscal.

El gobernador del Bío Bío, Sergio Giacaman, entregó en la Fiscalía Regional el informe de auditoría que detectó irregularidad en la anterior administración, liderada por Rodrigo Díaz.

Junto con ello, aseveró que están trabajando en recuperar los recursos, que de acuerdo con los resultados de una auditoría, corresponden a cerca de 42 mil millones de pesos, que “no sabemos dónde están”.

Giacaman confirmó la presentación de dos demandas a Artesanías de Chile e Impulsa Bío Bío por mal uso de recursos públicos. Según explicó, es por “recursos que se usan en cosas que no están establecidas en los convenios de trabajo que había en ambas organizaciones”.

“En ambos casos, sumados, por más de 400 millones de pesos que queremos recuperar para el Estado de Chile. Esos recursos no van a volver al Gobierno Regional para que nosotros los gastemos en programas que tiene la región, van a volver a la Tesorería General de la República”, añadió el gobernador.

En concreto, Giacaman afirmó que las entidades “se usaron recursos que no estaban asociados a lo que se debía destinar en el convenio”.

Irregularidades detectadas en auditoría por convenios

También detalló que en la auditoría se detectaron organizaciones que no tenían principio de actividad en Impuestos Internos, otras donde la glosa presupuestaria no se condice con el proyecto que estaban realizando y uso de recursos en materias que no tienen que ver con los convenios suscritos.

“Nunca más puede haber un funcionario del Gobierno Regional acusado por obstrucción a la justicia; al revés, la gente que trabaja en el GORE debe facilitar el acceso a la investigación”, añadió.

A modo de ejemplo, Giacaman afirmó que entre 2022 y 2023, más del 60% de los recursos del Gobierno Regional se gastaban en transferencias directas, situación que plantearon en una conversación con la Dipres.