Con medidas cautelares de arraigo nacional y firma mensual quedó Marta López Jensen, tras ser formalizada como responsable de las muertes de 10 mujeres que estaban al cuidado del hogar de ancianos que administraba en Chiguayante, región del Bío Bío, en agosto de 2018.

Ante el Juzgado de Garantía de Chiguayante,región del Bío Bío, en una audiencia semipresencial, el Ministerio Público comunicó a la dueña del Hogar Santa Marta los cargos imputados por 10 cuasidelitos de homicidio, equivalente a las 10 víctimas que dejó la tragedia hace casi cuatro años.

El fiscal, Patricio Aravena, confirmó que la investigación arrojó que el origen del siniestro se produzco por una estufa artesanal con la que se calefaccionaba a las adultas mayores.

“El incendio se inició (…) por fuga de calor desde la parte superior del cañón de una estufa a combustión lenta, la estufa era de fabricación artesanal, no se encontraba certificada, el cañón metálico de la estufa tenía deficiente instalación (…)”, detalló Aravena.

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Ese antecedentes, sumado a extintores no certificados y difíciles de manipular por las trabajadoras, configuró la responsabilidad criminal de Marta López Jensen en la muerte de las víctimas, precisó el fiscal.

Solicitud firma mensual

El abogado representante de las familias de las víctimas, Enrique Hernández, solicitó, además, firma mensual para la imputada.

“La muerte de personas (…) se provocó por negligencia de la imputada, quien mantenía el funcionamiento de lugar con infracción permanente a la normativa legal que regula los establecimientos de larga estadía para adultos mayores(…)”, indicó el fiscal.

El debate en el tribunal se centró principalmente en las cautelares, rechazando la abogada defensora, Leonila Muñoz, la firma mensual, subrayando en la colaboración de Marta López durante la investigación desformalizada.

“Vamos a solicitar al Tribunal (…) que en conjunto con la medida cautelar de arraigo nacional también se le imponga a la imputada la calidad firma mensual (…)”, solicitó Muñoz.

Tras analizar todos los argumentos, la jueza de Garantía, Elvira Muñoz, tuvo por formulados los cargos y acogiendo la solicitud de la Fiscalía y los querellantes decretó el arraigo nacional y la firma en Carabineros que deberá realizar la imputada por los próximos seis meses, plazo entregado al Ministerio Público para terminar la indagatoria.