Una inédita demanda laboral presentaron internos de la cárcel Bío Bío contra Sodexo, que es una concesionaria para la que se desempeñan en el marco de un programa de reinserción social.

Se trata de tres demandantes que acusan a la empresa de agresiones y maltratos, lo que de acreditarse por el Juzgado del Trabajo podría llevar a que el Estado revoque el contrato de concesión.

La denuncia inicial de Omar Palma, Claudio del Pino y Yasmiel Neira, actualmente cumpliendo condenas en el penal concesionado Bío Bío, fue ante la Inspección del Trabajo, que acreditó en su informe la vulneración de derechos de parte de Sodexo, a través de la Sociedad Concesionaria Grupo DOS, como empleadora de los tres internos.

Según los reclusos se debe a que la empresa no implementó las medidas ordenadas por la autoridad fiscalizadora para terminar con las conductas abusivas, que el abogado Carlos Martínez, en nombre de los trabajadores, presentó la demanda de tutela laboral, pidiendo no sólo una reparación económica de 35 millones de pesos.

“Que se sancione en este caso a la empresa demandada por las vulneraciones que ya fueron constatadas por la Dirección del Trabajo en 2018”, dijo Martínez.

Sobre las agresiones y maltratos recibidas por los demandantes, Mónica Paz, esposa de Omar Palma, indicó que abarcaron desde gritos a maltrato psicológico, e incluso otras situaciones sobre las cuales prefirió no referirse públicamente. “Ya todo va en curso, ya llevamos más de un año y hoy día vamos a llegar a un punto final, que espero que sea así”, dijo la mujer.

Asimismo, el abogado Martínez explicó que en caso de ser condenada Sodexo, puntualmente su subsidiaria Grupo Dos, arriesgaría la pérdida de la administración del penal de Concepción, en virtud de la ley que prohíbe al Estado mantener contratos con empresas condenadas por la justicia.

Finalmente, el mismo abogado demandante explicó que la viabilidad de la acción legal se basa en los derechos, que igual como otros trabajadores, tienen las personas privadas de libertad que se desempeñan como empleados al alero de programas de reinserción social dentro de las cárceles chilenas.