A la Corte Suprema se irá el caso Santa Bárbara, con el objetivo de reponer el fallo de primera instancia que declaró a 10 civiles de Patria y Libertad como autores de la desaparición de 28 campesinos en 1973.
Son los querellantes en representación de parte de las familias de las víctimas quienes decidieron ya presentar un recurso de casación contra la sentencia dictada la semana pasada por la Corte de Apelaciones de Concepción, la que modificó las penas para los 10 civiles condenados por secuestro calificado.
El emblemático caso por violación de derechos humanos investigó la desaparición de 28 campesinos de Santa Bárbara y Quilaco, acreditando la responsabilidad de exfuncionarios de Carabineros y exmiembros del grupo Patria Libertad de la provincia de Bío Bío.
Mientras para los exuniformados se mantuvo las condenas de entre 10 y 14 años de cárcel efectiva, para los civiles se rebajaron a a 4 y 6 años de prisión en algunos casos, al calificar el tribunal de alzada a estos últimos como cómplices en los delitos de lesa humanidad, lo que es rechazado por el abogado querellante, Patricio Robles.
Según el abogado Robles, los civiles condenados Jorge Domínguez Larenas, Sergio Fuentes Valenzuela, los hermanos Jorge y José Valdivia Dames, los hermanos Luis y Manuel Barrueto Bartning, Eugenio Villa Urrutia, Juan Carlos Burgos, José Gutiérrez Ortiz y Exequiel Celedón Barrera, fueron parte directa de la operación que comienza con el arresto de los campesinos y no meros colaboradores en un acto que termina con la desaparición de las víctimas.
El Programa de Derechos Humanos también acudiría al máximo tribunal del país con los mismos argumentos, mientras que el Consejo de Defensa del Estado impugnará los más de 500 millones de pesos decretados como indemnización para algunos de los familiares de los detenidos desaparecidos.
