La Corte de Concepción confirmó una nueva condena del Fisco como responsable en las muertes de dos personas a causa del tsunami de 2010, ahora en el caso de dos víctimas de la localidad de Dichato, en la segunda sentencia en la misma línea en menos de una semana, aunque será la Suprema la que tenga el pronunciamiento último.
El caso es el de León Ortiz y su hija Valeria, quienes fueron arrastrados por el tercer tren de olas pasado las 6:00 horas de la fatídica mañana del 27 de febrero.
Según la demanda de la viuda y otra hija sobreviviente de la tragedia, tras el terremoto la familia subió a sectores altos de Dichato, pero bajaron al escuchar por la radio que la presidenta Michelle Bachelet descartaba la alerta de tsunami.
Este antecedente fue el que subrayó la Corte de Apelaciones de Concepción, al confirmar el fallo de primera instancia, señalando que ante la magnitud del movimiento telúrico, que afectó la capacidad de respuesta del Estado y sus comunicaciones, las autoridades debieron actuar con mayor recaudo al momento de informar a la ciudadanía.
Un pronunciamiento similar había sido ya emitido por la Corte Suprema, al acoger la demanda del abogado Adolfo Ortega, desechando la necesidad de probar que las personas hayan efectivamente escuchado a las autoridades para establecer la falta de servicio del Estado, lo que el profesional espera sea la jurisprudencia en los casos pendientes.
Y es que son escasas las acciones legales acogidas hasta ahora por la justicia, imponiéndose en su mayoría la tesis del Consejo de Defensa del Estado respecto a que las autoridades se vieron sobrepasadas por el nivel de un terremoto 8,8.
En el caso ahora fallado, el tribunal de alzada condena al Fisco a pagar 100 millones de pesos a Sonia Obregón y su hija Pablina Ortiz, por el daño moral que sufrieron a raíz de la muerte de su esposo, padre y hermana.
