El Ministerio Público informó que la investigación penal para determinar posibles negligencias por parte del Estado continúa en curso.

En paralelo a la investigación sobre los presuntos autores materiales del megaincendio ocurrido en febrero de 2024 en la región de Valparaíso, que dejó 138 víctimas fatales, la Fiscalía continúa indagando las posibles responsabilidades del aparato estatal.

El diputado Tomás Lagomarsino, querellante en la arista que busca esclarecer eventuales responsabilidades institucionales, criticó que hasta la fecha no se han realizado las diligencias solicitadas en esa línea investigativa.

Esta arista busca establecer si funcionarios públicos incurrieron en omisiones durante la emergencia del 2 de febrero del año pasado, y si dichas acciones pudieron haber contribuido a la muerte de 138 personas —139, considerando el ámbito civil—, comunicando que en caso de acreditarse, se podría imputar un cuasidelito de homicidio a los responsables, detalló Claudio Rebeco, fiscal jefe de la Unidad Regional Anticorrupción.

Según el Ministerio Público, se trata de una investigación compleja, ya que las muertes ocurrieron en distintos lugares y bajo diversas circunstancias.

Además, deben considerarse otros factores —como la dinámica natural del fuego— que podrían haber influido en el desenlace, incluso si las autoridades hubieran actuado conforme a los protocolos.

Por esta razón, uno de los objetivos claves es descartar que el resultado fatal se hubiera producido de todas formas, aún con una gestión adecuada de la emergencia.

No obstante, el diputado Tomás Lagomarsino manifestó su preocupación por la lentitud en el avance de esta arista.

Asimismo, señaló que -a más de un año de ocurrida la tragedia- no se han concretado las diligencias solicitadas en la querella contra autoridades y funcionarios.

Finalmente, la Fiscalía recalcó que esta investigación no tiene por objeto establecer responsabilidades políticas o administrativas —aspectos ya abordados por la Cámara de Diputados y la Contraloría General de la República—, sino que su propósito es determinar responsabilidades penales individuales.