La Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) validó la elección alternativa que un grupo de comuneros de la comunidad Ma’U Henua realizó para sacar de su puesto a Camilo Rapu, cuestionado fundador y director de la agrupación que este fin de semana llevó la causa a tribunales.

Rapu presentó un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso, luego de que el pasado viernes la Conadi emitiera un fallo en el que reconoció, hasta el 2 de julio de 2020, la votación que un grupo de 700 personas realizó el pasado 12 de marzo, eligiendo como nueva directora a Nancy Rivera con cerca de 350 votos.

Los seis nuevos miembros del directorio venían denunciando que Camilo Rapu -en su calidad de presidente de la instancia- pagaba dineros a familiares, emitía documentos presuntamente falsos y dejó de justificar los recursos que reciben por la administración del Parque Rapa Nui.

Rapu desmintió todas y cada una de las acusaciones realizadas con excepción de la contratación de familiares, señalando que en la isla es prácticamente imposible no contratar a un familiar.

De hecho, para el cuestionado representante de la comunidad, este es un intento de instalar en el territorio a una directora que no es autóctona de la isla, debido a que “el Gobierno quiere quedarse con la administración del Parque Rapa Nui”, cedido por 50 años a la comunidad por la expresidenta Michelle Bachellet en 2016.

Camilo Rapu señaló que la aprobación de la Conadi es completamente ilegal, indicando que “él lo aprobó sin siquiera preguntarnos a nosotros, sin ir a un juicio, sin un fallo judicial”.

“Nosotros tenemos una carta del 21 de febrero en donde el mismo Conadi dice que no puede intervenir en conflictos indígenas, es totalmente ilegal porque no hubo ningún fallo judicial”, agregó.

También argumenta que hay un problema de representatividad, ya que cuando Rapu salió electo eran 1.067 socios, de los cuales 590 votaron por él, pero en la nueva votación -con un padrón de dos mil socios- la nueva directora salió electa con la mitad de esa cifra.

El directorio actual se pregunta por qué el Gobierno intervino en el conflicto interno y tomó la decisión de remover a las autoridades de la comunidad, acusando que quieren cambiar el contrato de concesión que se firmó con el gobierno anterior, por lo que se inició una operación política.