El exjefe de la SIAT de Carabineros en Punta Arenas, región de Magallanes, arriesga 23 años de cárcel, por el fraude al interior de la institución.
Tras darse a conocer el hecho, el entonces capitán de Carabineros Felipe Rubén Ávila Pérez, fue dado de baja junto a otros ocho oficiales por el fraude que hoy suma 28 mil millones de pesos.
De acuerdo a lo informado por La Prensa Austral, en su primera declaración, Ávila reconoció los dineros depositados en su cuenta y señaló que en diciembre de 2016 se encontró en un gimnasio con estas personas, quienes le indicaron que debía inculparse y que la institución se encargaría de proporcionarle la defensa respectiva.
Más de tres años duró la investigación que involucró a civiles y oficiales activos y en retiro, y en el caso puntual de Felipe Ávila se piden 15 años de cárcel por “malversación de caudales públicos”, 3 años por el delito de “asociación ilícita” y 5 años de presidio por el delito de “lavado de activos”.
La preparación de juicio oral se realizó en abril contra 31 líderes de la malversación. En ella figuran generales y coroneles activos y en retiro, y exdirectores de Finanzas de Carabineros, para quienes la Fiscalía busca condenas por sobre los 20 años de cárcel.
La investigación logró 95 condenas de personas que, sin formar parte de Carabineros, facilitaron sus cuentas bancarias para recibir pagos por parte de la institución. Además, se incautaron más de 131 inmuebles, igual número de vehículos y más de 42 bienes muebles, caballos y otros.
Actualmente Ávila se encuentra en prisión preventiva en su casa, por lo que tuvo que pagar una millonaria caución. En tanto, está a la espera del juicio en su contra, como de las restantes personas que aparecen acusadas en este desfalco.
El fraude a Carabineros
El hecho se destapó cuando Ávila comenzó a ser contactado por un oficial de la Dirección de Finanzas, tras recibir depósitos en su cuenta corriente del BancoEstado, y posteriormente en otra que abrió en el Banco Falabella.
Los dineros debían ser retirados de forma fraccionada y ganaba una comisión por cada operación.
Fue la cantidad de movimientos en la cuenta, que en su momento alcanzaron los 300 millones de pesos, lo que encendió las alarmas, porque el monto no correspondía que un uniformado con grado de capitán tuviera tantos fondos.
Así, se determinó la investigación que quedó a cargo del fiscal regional Eugenio Campos Lucero.
En marzo de 2017, cuando el exjefe de la SIAT fue formalizado, el entonces abogado defensor, Octavio Sufán, dijo que su representado era solamente un actor menor dentro de la “asociación ilícita”. Sin embargo igual fue enviado a cumplir prisión.
