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Finalizó la audiencia de alegatos por la demanda presentada por el Consejo de Defensa del Estado, el municipio y comunidades indígenas en contra de dos inmobiliarias en Valdivia, Los Ríos, por supuesto daño ambiental en la construcción en la costa. El conflicto surgió en 2022 por la afectación al medio ambiente en proyectos como "Cutipay 1" y "Cutipay 2" en Los Molinos, “Piedra Hueca” en Pilolcura y “El Canelales” en Los Pellines. El CDE, la Municipalidad y las comunidades demandantes buscan condenar a las empresas por la presunta destrucción de suelo y la realización de obras sin permisos adecuados, a pesar de la certificación del SAG. El tribunal ambiental no logró conciliación y continúa revisando los antecedentes para encontrar una resolución en este caso de tala de bosque nativo y daño a la biodiversidad y recursos de las comunidades indígenas y vecinos.

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Finalizó la audiencia de alegatos por la demanda presentada por el Consejo de Defensa del Estado, el municipio y comunidades indígenas en contra de dos inmobiliarias, acusando presunto daño ambiental en las construcciones efectuadas en la costa de Valdivia, región de Los Ríos.

El conflicto legal surgió en 2022, ante el reclamo de vecinos de Niebla y Los Molinos, además de comunidades lafkenches, por la afectación al medio ambiente que habría sido provocado por dos empresas.

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Los cuestionamientos apuntan a cuatro proyectos, como es el caso de “Cutipay 1” y “Cutipay 2” en Los Molinos, “Piedra Hueca” en Pilolcura y “El Canelales” en Los Pellines, obras que estaban a cargo de la Sociedad Agrícola Kuriñanco y la Inmobiliaria Pilolcura.

El Consejo de Defensa del Estado, la Municipalidad de Valdivia y las comunidades de la costa interpusieron esta demanda, buscando que es declare la existencia de daño ambiental y condenar a las empresas a la reparación material.

En ese sentido, el abogado del CDE, Osvaldo Solís, enumeró algunas afectaciones en el medioambiente provocadas por las obras, las que incluyen la destrucción de suelo altamente vulnerable.

Otro de los puntos que exponen los demandantes es que los trabajos se realizaron sin los permisos y autorizaciones ambientales o urbanísticas, lo que fue desmentido por uno de los abogados de las inmobiliarias, Esteban Cañas, indicando que las divisiones prediales fueron certificadas por el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG).

El ministro suplente en ciencias del Tercer Tribunal Ambiental, Carlos Valdovinos, afirmó que no hubo conciliación entre las partes, por lo que continuarán revisando los antecedentes para encontrar una forma de resolver esta causa.

Mientras tanto, continúa en curso esta demanda por presunto daño ambiental contra las dos inmobiliarias en la costa de Valdivia, acusadas además de tala de bosque nativo.

Esto último, por provocar un perjuicio en la biodiversidad, privación del acceso a recursos naturales y espacios ceremoniales de comunidades indígenas, entre otras consecuencias que afectan directamente a los vecinos que habitan en los sectores involucrados.

Este artículo describe un proceso judicial en curso
Existe la posibilidad de que los cargos sean desestimados al finalizar la investigación, por lo cual NO se debe considerar al o los imputados como culpables hasta que la Justicia dicte sentencia en su contra.
(Artículo 04 del Código Procesal Penal)