Trabajadores de aseo recibirán $600 millones tras sufrir amputaciones por accidente laboral en Quellón

La Corte de Apelaciones de Puerto Montt ratificó la sentencia que condena a la empresa Gestión Ambiente S.A. y a la Municipalidad de Quellón, al pago de una indemnización de 600 millones de pesos a dos trabajadores que sufrieron graves amputaciones tras un accidente laboral ocurrido en agosto de 2021.

El hecho se produjo mientras José Oyarzo y Carlos Villegas, recolectores de basura en Quellón, eran transportados en las pisaderas traseras de un camión recolector y fueron impactados por un bus conducido por un chofer en estado de ebriedad. Ambos resultaron con lesiones de extrema gravedad, que derivaron en la amputación de extremidades.

La resolución judicial, adoptada de forma unánime, establece que el traslado de trabajadores en la parte posterior del camión constituye una práctica peligrosa e ilegal, que vulnera la obligación de proteger eficazmente la vida y salud de los empleados.

De acuerdo con los antecedentes del caso, la causa directa del accidente fue la modalidad de transporte utilizada: sin protección estructural y con los trabajadores sujetos únicamente por la fuerza de sus brazos. Así, un informe técnico de la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS) concluyó que el siniestro pudo haberse evitado si los afectados hubieran sido trasladados dentro de la cabina del camión, conforme a las normativas vigentes.

La demanda fue presentada por el abogado Francisco Paredes, del estudio jurídico Adams Legal, especializado en accidentes laborales. Este sostuvo que la sentencia marca un precedente a nivel nacional, pues ayudaría a que se deje de usar esa modalidad de transporte.

Reacción desde el Congreso y el municipio de Quellón

Tras conocerse el veredicto, el senador Fidel Espinoza anunció la conformación de una mesa de trabajo con municipalidades de todo el país, con el objetivo de establecer exigencias claras en las bases de licitación de los servicios de recolección de residuos. La intención es prohibir el traslado de personal en condiciones que, aunque normalizadas, son ilegales y altamente riesgosas.

En tanto, el alcalde de Quellón, Claudio Barudy, junto con lamentar lo ocurrido, señaló que deberán acatar lo establecido: el pago de $300 millones para cada trabajador.

Así las cosas, el caso instaría a que empresas y municipios revisen sus protocolos de transporte de trabajadores, recordando que ambos comparten responsabilidad solidaria ante eventuales indemnizaciones.

Además, advierte que los alcaldes que no fiscalicen estas prácticas podrían incurrir en responsabilidades administrativas por los perjuicios patrimoniales que estas situaciones generan a los municipios.