El abogado del Hospital San José de Osorno, Carlos Currieco, reconoció una orden de embargo para el recinto como efecto de una deuda contraída con dos trabajadoras de una empresa concesionada del servicio de casino del recinto, medida revocada mediante un compromiso de pago.

Lo anterior resulta de la demanda de los funcionarias de la empresa Alincar que al actualizar su contrato con la firma no estuvieron de acuerdo en los nuevos términos de la relación contractual, por lo que fueron desvinculadas.

En dicho momento, denunciaron incumplimientos en los pagos no sólo de su indemnización sino también de su sistema previsional.

El caso se fue desde el Tribunal Laboral de Osorno a la Corte de Apelaciones de Valdivia, la que endosó responsabilidad subsidiaria al recinto hospitalario, dictaminando el embargo de bienes para asegurar el pago lo que fue revocado, dijo Currieco.

De hecho, sostuvo que existe una garantía por parte de la empresa que se hará efectiva para restituir el desembolso de los más de $10 millones y responder ante la demanda de las empleadas que prestaron servicios para una empresa que -por motivos que cuestionó el litigante- sigue trabajando al interior del recinto, pese a que ya terminó su licitación.

Esta última situación se da, según reconoció el profesional, debido a la autorización de la subdirección del recinto, pese a que desde la unidad jurídica buscan retirarla por el término de la concesión.

Para el abogado existen dos escenarios, siendo el primero de ellos el pago de las indemnizaciones devengadas a las dos trabajadoras y por otro lado sellar la situación que plantea la empresa en torno a su finalizada contrato.