La Contraloría detectó debilidades en la gestión de Conaf en incendios forestales registrados en 2024 y 2025 en la región de La Araucanía. En la auditoría se encontraron deficiencias en protocolos, faltas de registros y que la corporación no consideró alertas meteorológicas al autorizar una quema.
La revisión se realizó respecto a dos incendios forestales: el de Lonquimay, en 2024; y el de Traiguén en 2025.
De acuerdo con el informe final de investigación especial N° 569, el incendio forestal denominado “Providencia” de Traiguén se generó tras una quema controlada autorizada por Conaf, la que no fue correctamente extinguida, afectando un área de 3.064 hectáreas.
Incendio generado por quema controlada
También se constató que en la autorización de quema controlada, Conaf no consideró las alertas tempranas preventivas de incendios forestales emitidas por Senapred ni las condiciones climatológicas de la Dirección Meteorológica de Chile, que proyectaban temperaturas entre 22 °C y 28 °C, humedad igual o inferior al 30%, además de vientos de hasta 50 kilómetros por hora en la costa y valles.
Dichas condiciones incrementaban el riesgo de ocurrencia y propagación de siniestros de características forestales, tal como ocurrió en la emergencia de Traiguén.
Debido a esos antecedentes, la Contraloría instruyó un sumario administrativo para determinar eventuales responsabilidades de funcionarios que permitieron dicha quema, ya sea por su actuación u omisión a la información que estaba disponible. Todos esos antecedentes se enviaron al Ministerio Público.
Tras este caso, también se ordenó a Conaf revisar los criterios utilizados para autorizar quemas controladas, a fin de garantizar una evaluación rigurosa del contexto en que se emiten.
Pero eso no es lo único, ya que también se acreditó que la corporación no cumplió con su deber legal de denunciar lo ocurrido ante el Ministerio Público, considerando que contaba con los antecedentes técnicos sobre su origen.
“Esta omisión, además, afecta la trazabilidad, transparencia y eficacia del sistema de persecución penal en materia de incendios forestales”, enfatizan en el informe del órgano contralor.
Incendio forestal de Lonquimay
Sobre la emergencia de Lonquimay, registrada en la localidad de Troyo en 2024, donde el fuego arrasó con 805,85 hectáreas y las labores de extinción se prolongaron por 129 días, el informe advirtió que el sistema diseñado para calcular el costo real del combate de incendios forestales no fue implementado plenamente, lo que obligó a elaborar valoraciones de manera manual.
Ante eso, ordenó en un plazo máximo de seis meses establecer un plan de trabajo para implementar el módulo ‘Costeo de incendios y valorización de pérdidas’ del sistema SIDCO.
Por todo lo expuesto, Conaf tiene un plazo de 60 días hábiles para establecer un procedimiento formal y obligatorio para la remisión directa, y documentar al Ministerio Público de los informes técnicos que identifiquen causas atribuibles a conductas negligentes en incendios forestales de alta magnitud.
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