Soberanía en riesgo, América Latina en alerta

Un presidente latinoamericano, esposado, comparece ante un tribunal en Nueva York y se declara inocente de narcotráfico, denunciando haber sido secuestrado. Mientras tanto, en Washington, el presidente estadounidense afirma en televisión que “está a cargo” de Venezuela y que no habrá elecciones hasta que la Casa Blanca “arregle” el país y su petróleo.

Esto no es el guión de una nueva serie de streaming. Es la realidad política de nuestro continente.

La tentación de leer estos hechos como la “caída de un dictador” es comprensible. El régimen de Nicolás Maduro acumuló durante 12 años un prontuario de desmantelamiento institucional, violaciones a los derechos humanos, persecución política y manipulación electoral. Organismos internacionales, relatores de la ONU y diversas organizaciones de la sociedad civil lo han acreditado con firmeza.

Quienes celebran la operación militar de Donald Trump como un acto de “justicia global” pasan por alto un punto de fondo: la normalización de la captura por la fuerza de un jefe de Estado, en territorio extranjero, sin mandato multilateral.

¿De verdad queremos abrir esa puerta? ¿Queremos vivir en un mundo en el que una potencia pueda detener a gobernantes de otros países porque así lo deciden sus agencias de inteligencia o sus intereses económicos?

La carta de las Naciones Unidas fue redactada precisamente para impedir que el “derecho del más fuerte” siga operando como norma. Prohíbe el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, salvo en defensa propia o con autorización del Consejo de Seguridad. La operación en Venezuela no cumple ninguno de esos criterios.

Pese a esto, la reacción regional ha sido tan contundente en lo declarativo como frágil en lo político. Brasil, Colombia, México, Chile, Uruguay y España han rechazado el uso unilateral de la fuerza y advertido del precedente peligroso que este abre. Otros gobiernos, como el de Argentina, se alinean sin matices con la narrativa de la Casa Blanca.

Mientras tanto, en la frontera colombiana se despliegan decenas de miles de soldados. Crece el temor a una nueva ola de refugiados, a la reaparición de grupos armados y al aumento del contrabando y las economías ilegales. La crisis dejó de ser un problema venezolano para convertirse en un desafío regional de seguridad, derechos humanos y desarrollo.

Y, como siempre, quienes pagan el precio no son las cancillerías ni los mercados financieros, sino los pueblos: las y los venezolanos que llevan años huyendo, soportando sanciones, hiperinflación y precariedad; las comunidades fronterizas ven tensionados sus servicios básicos; la juventud latinoamericana que observa como su continente vuelve a ser tablero de disputas entre grandes potencias, sin haber sido consultada.

Cuando el propio Trump declaró que antes de conocer elecciones en Venezuela hay que “arreglar” el país y su industria petrolera, queda demostrado que no solo se trata de sacar a Maduro: se trata de quién controlará la reconstrucción, bajo qué condiciones y con qué grado de soberanía económica para el pueblo venezolano.

La historia de nuestros pueblos está plagada de episodios en los que la seguridad, la democracia o la lucha contra el comunismo fueron el envoltorio del verdadero objetivo: asegurar recursos estratégicos, disciplinar gobiernos incómodos o enviar mensajes ejemplificadores al resto del continente.

Hoy el discurso es la lucha contra el narcotráfico y la defensa de los derechos humanos. Pero el libreto de fondo suena demasiado familiar: intervenir, controlar, administrar y luego reconstruir las reglas de la economía desde fuera. La defensa de los derechos humanos no puede disociarse de la defensa de la soberanía sobre nuestros recursos. Ambas cosas van juntas o no van.

La pregunta, entonces, es: ¿qué alternativa existe entre la impunidad del régimen y la diplomacia a escopetazos?

La respuesta pasa por recuperar algo que la comunidad internacional ha ido perdiendo: construir salidas políticas graduales, complejas, pero legítimas. Esta alternativa no parte de cero. Lo que falta no son más bombas: es capacidad de convertir esos diagnósticos en rutas concretas de transición, con garantías para las víctimas, para la oposición, y para la propia población chavista que deberá convivir en una Venezuela democrática.

Tal como ayer organismos internacionales acreditaron las medidas autoritarias del régimen, hoy deben ser capaces de encauzar una transición democrática legítima que ponga al centro los intereses del pueblo venezolano, no los de las grandes potencias ni los de las elites económicas de turno.

Al final del día, lo que se decide en Venezuela no queda encerrado en sus fronteras. Cada vez que se vulnera el Estado de derecho, cada vez que se captura un gobernante por decisión unilateral, cada vez que se admite que un país puede ser “administrado” por otro, se envía un mensaje al resto de América Latina: si tus gobiernos, tus políticas o tus recursos se contraponen a mis intereses, también puedes ser el próximo.

Quienes defendemos la democracia y la justicia social no podemos aceptar esa disyuntiva falsa que hoy se intenta instalar: o aplaudimos la intervención o nos volvemos cómplices del autoritarismo.

Maduro es responsable de un ciclo de sufrimiento, autoritarismo y destrucción institucional que exige rendición de cuentas. Y, al mismo tiempo, la intervención militar estadounidense y la pretensión de tutelar la transición venezolana constituyen una amenaza directa al derecho internacional y a la soberanía de toda América Latina.

La generación que creció escuchando que nunca más seríamos patio trasero no puede permitirse normalizar que un presidente norteamericano se declare “al mando” de un país latinoamericano como si fuera una colonia más.

El futuro de Venezuela tiene que decidirlo su pueblo. Y el futuro de la región dependerá, en buena medida, de si somos capaces de defender esa idea con la misma fuerza con que condenamos, ayer y hoy, a quienes la traicionan desde el poder.