El Ministerio del Interior a través de la Intendencia de La Araucanía, presentó una querella criminal en el Juzgado de Garantía de Collipulli y en ellas se individualizan a 59 personas, en su mayoría integrantes de comunidades mapuches de Temucuicui y Chacaico.

En el escrito, y tal como lo informó la Radio previamente, el Gobierno asegura que hace por lo menos dos años, los querellados se organizaron a través de clanes familiares para poder montar una agrupación delictual dedicada al cultivo, al porte, transporte, comercio y al tráfico de plantas de cannabis sativa en distintas formas.

Del total de querellados, 35 registran domicilio en comunidades mapuches.

La Intendencia detalló que las ganancias por la producción y venta de estas sustancias ilícitas, habrían facilitado la compra de armas y municiones.

A lo anterior, surgieron diversas reacciones, tales como las del coordinador de Seguridad de la Macrozona Sur, Pablo Urquízar, quien aseguró que con la querella buscan penas de cárcel de hasta 20 años y así desarticular bandas criminales que operan en la denominada zona roja del conflicto mapuche.

Quien también se refirió a esta querella fue el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, aseguró que hay agrupaciones que operan desde La Araucanía dedicada al tráfico de drogas, lo que queda estipulado en la querella, donde se incluye por ejemplo una causa por homicidio frustrado a Carabineros o el mismo asesinato del inspector de la PDI, Luis Morales.

La abogada Karina Riquelme, quien representa a integrantes de la comunidad de Temucuicui de Ercilla, dijo que el Gobierno intenta dejar la impresión que hay una red de tráfico de drogas para justificar allanamientos y criminalizar a las comunidades mapuches.

Dentro de la misma querella, el Gobierno pide la declaración de los funcionarios policiales que participaron en estos allanamientos, además de escuchas telefónicas e información bancaria de los imputados.