Este jueves se amplió la querella criminal en contra del exalcalde de La Serena, Roberto Jacob, y una serie de exdirectivos por posibles delitos en la administración de recursos públicos.
En concreto, la querella fue ampliada por los delitos de fraude al Fisco, malversación de caudales públicos por aplicación diferente y administración desleal.
Esta última se dirige al exalcalde Roberto Jacob; los exsecretarios generales de la Corporación Municipal Gabriel González Videla (GGV), Patricio Bacho Chávez, Ernesto Velasco Rodríguez y Jorge Díaz Torrejón; la exdirectora de Educación, Sandra Castro Carvajal; y el exdirector de Finanzas y Control Interno, Jerónimo Clavería Calderón.
Amplían querella contra exalcalde de La Serena y exdirectivos por fraude
La ampliación de la medida judicial, ingresada hoy ante el Juzgado de Garantía de La Serena, surge tras una serie de auditorías que revelaron los eventuales fraudes.
La acción busca establecer nuevas responsabilidades penales en el marco de las irregularidades detectadas en la Corporación GGV. Cabe precisar que una ampliación de querella contempla la añadidura de nuevos imputados, delitos o hechos en un caso, los que se han descubierto durante la investigación.
Respecto a lo anterior es que la actual alcaldesa de La Serena, Daniela Norambuena, explicó que hoy se presentó específicamente la querella por administración desleal, “lo que implica responsabilidades de quienes estuvieron a cargo y no supervisaron adecuadamente, permitiendo que estos delitos se configuraran y fueran ratificados por el Ministerio Público“.
“Haremos un trabajo colaborativo para traspasar el Departamento de Salud a la Municipalidad, con el objetivo de garantizar una administración transparente, bajo control de Contraloría, y avanzar en el plan de cierre de la Corporación GGV, aprobado de forma unánime por el directorio. Son decisiones que se toman en el marco de la ley”, añadió la autoridad.
Auditoría reveló eventuales fraudes
Los informes de auditoría realizadas revelaron graves irregularidades en el manejo de recursos provenientes de la Subvención Escolar Preferente (SEP), donde se detectaron contrataciones simuladas, pagos por servicios no realizados, desvíos de fondos y doble contratación, con un perjuicio preliminar que superaría los $5.500 millones.
La investigación por presunto fraude al Fisco indaga dos áreas clave: los contratos de asistencia técnica educativa, en los cuales las empresas CIMPAQ y Excelencia Educativa —relacionadas al mismo grupo de personas— habrían registrado gastos rechazados por $320 mil millones entre 2019 y 2020; y la contratación de servicios profesionales que los propios directores de colegios desconocen.
En este último eje, figuran 95 personas que durante 2023 habrían recibido pagos con fondos SEP sin haber prestado efectivamente los servicios.
A esto se suma la acción judicial interpuesta contra Mario Fernández Sánchez, representante legal de Servicios Técnicos TELMAR SpA, por presunta estafa, fraude al Fisco, falsedad documental y asociación ilícita; delitos que se investigan en grado consumado y con carácter reiterado.
Entre 2018 y 2024, la Corporación GGV suscribió con TELMAR al menos 13 contratos y 15 anexos, por un monto superior a $2.056 millones, destinados principalmente a la contratación de guardias de seguridad, instalación y mantención de sistemas de CCTV, además de otros servicios en las áreas de salud, educación y cementerios municipales.
Según la auditoría interna, la empresa no contaba con la autorización vigente del Departamento OS10 de Carabineros para operar como entidad de seguridad privada, pese a haber sido contratada bajo ese concepto.
Actualmente, la deuda total de la Corporación Gabriel González Videla asciende a más de $83.626.033.357, cifra que motivó al directorio y a la alcaldesa a aprobar su cierre definitivo, con el objetivo de proteger los intereses municipales y garantizar la continuidad de los servicios públicos.
Con esta nueva acción judicial, la Municipalidad de La Serena busca esclarecer las responsabilidades penales y administrativas, reforzar los mecanismos de transparencia institucional y recuperar la confianza ciudadana en la gestión de los recursos públicos.
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