El Servicio Nacional de Menores (Sename) inició el año con nuevos cuestionamientos, esta vez dirigidos hacia sus funcionarios en la región de Atacama, luego de que la Contraloría General de la República detectase una serie de irregularidades en el funcionamiento del organismo en dicha zona.
Desde la dirección del Sename en la zona aseguraron que, a la fecha, ya han sido subsanadas la mayor parte de los cuestionamientos de Contraloría.
Según el informe emitido el 31 de diciembre del 2018 al que accedió BioBioChile, se analizó el cumplimiento de la supervisión técnica y financiera del Sename sobre los Programas de Prevención Focalizada y el Programa Especializado en Maltrato y Abuso Sexual Grave, ejecutados por organismos colaboradores del servicio.
Específicamente, se investigaron los procesos disponibles para controlar la asistencia del personal y las justificaciones para sus ausencias, la implementación de procedimientos de supervisión técnica y financiera para garantizar la ejecución eficiente de programas de protección de derechos, y las condiciones estipuladas en convenios suscritos con los organismos colaboradores.
Entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2018 Contraloría encontró 649 registros de 91 funcionarios que habrían trabajado menos de una jornada ordinaria, significando una pérdida de 1.437 horas en total.
Junto a esto se han registrado 626 atrasos por parte de 73 funcionarios, marcando una pérdida total de 701 horas, situaciones que no se ajustarían con la legalidad vigente.
Como consecuencia, el Sename deberá remitir a Contraloría “los cálculos que cuantifiquen monetariamente los incumplimientos de la jornada laboral, efectuando los descuentos al personal y reintegros correspondientes, en caso de corresponder, en un plazo no superior a 60 días hábiles, contados desde la recepción del presente informe final, lo que será verificado por la Unidad de Apoyo al Cumplimiento”. Además, deberán instruir un procedimiento disciplinario para buscar las responsabilidades administrativas del caso, y remitir la resolución del mismo en menos de 15 días hábiles desde la recepción del informe del ente contralor.
Yendo más allá, Contraloría descubrió 11 convenios fuera de vigencia, el más antiguo de los cuales caducó en 2016, pero que se han seguido pagando mediante resoluciones de urgencia. Esta situación dejaría en evidencia el uso de este mecanismo “para postergar la ejecución de los llamados licitatorios”, indicó Contraloría, recordando que con esto también se vulneraría la legislación vigente.
Por ello, se instruyó al Sename solicitar a la dirección nacional regular estas situaciones en menos de 60 días hábiles desde la emisión del informe de contraloría.
Finalmente, el organismo fiscalizador cuestionó que el Sename “efectúa una deficiente planificación respecto a las plazas a abordar en los convenios”, constatando que en los Programas de Prevención Focalizada (PPF) y en el Programa Especializado en Maltrato y Abuso Sexual Grave (PRM) se atendieron en algunos casos hasta el triple de personas contempladas en los cupos convenidos.
Por ejemplo, en enero de 2017 el PRM Talita Kum llegó a atender hasta 206 usuarios, sobrepasando el límite de 80 plazas convenido inicialmente. Dicha práctica “contraviene los principios de eficiencia, eficacia y celeridad previstos” previstos en la Ley, por lo que se exigió al Sename solicitar a la dirección nacional la regularización de estas situaciones en menos de 60 días hábiles.
Consultado al respecto por BioBioChile, el director del Sename en Atacama, Victor Silva, aseguró que la mayoría de las observaciones de Contraloría ya han sido subsanadas.
No obstante, hay dos acciones principales de “mayor complejidad”, que quedan pendientes, para las cuales ya se están abordando las medidas administrativas. Estas, indicó, tienen que ver con los mecanismos de registros de ingreso y salida del personal, y “en el ámbito de las supervisiones financieras que tiene que, por ley, ejercer nuestro servicio”.
