La PAES como condición para tener un hogar o perderlo

A días de conocer los resultados de las postulaciones a las universidades, resulta urgente mirar la realidad de los niños, niñas y adolescentes (NNA) que viven en residencias del Estado. Para muchos de ellos, la continuidad de los estudios no es solo una decisión vocacional, sino la condición que determina si tendrán —o no— un hogar durante los próximos años.

En concreto, la Ley N°21.302, que crea el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, establece en su artículo 3 que aquellos jóvenes que cumplen 18 años y no continúan estudios deben egresar del sistema de protección.

Mientras la discusión pública se concentra en los puntajes, los rankings de colegios o las brechas del sistema educativo, poco se dice que, para estos jóvenes, el resultado de ese proceso puede significar perder su hogar.

Según datos del propio Servicio, durante 2024 un total de 5.014 niños, niñas y adolescentes se encontraban en residencias, de los cuales 508 tenían 18 años o más. Es precisamente en ese tramo donde la continuidad educativa deja de ser un horizonte deseable y se transforma en requisito para no perder el techo, pues la permanencia se sostiene en la medida en que el joven continúe estudiando, sea para terminar la enseñanza media o para dar el salto a la educación superior.

Pero la brecha es evidente. Ese mismo año solo 89 jóvenes se matricularon en educación superior. Y aunque no existe información pública sobre cuántos rindieron la PAES ni sobre sus trayectorias posteriores, la pregunta resulta inevitable: ¿qué ocurrió con los jóvenes que no lograron acceder a la educación superior y vieron interrumpida su permanencia en el sistema de protección?

Para ellos, la decisión vocacional no fue una opción más, sino la diferencia entre continuar protegidos o enfrentar la adultez sin hogar ni red de apoyo.

La solución, en rigor, no es un misterio. En el marco del proyecto de ley de “armonización” —que busca ajustar la Ley 21.302 al nuevo Sistema de Garantías— se ha vuelto a discutir justamente qué pasa con los jóvenes que egresan a los 18 años cuando no continúan estudios.

Desde el tercer sector también se ha empujado una salida concreta que busca ampliar el apoyo “ante todo evento” hasta los 21 años, y dejar la continuidad hasta los 24 asociada a estudios u otras trayectorias formativas, de modo que la protección no dependa de un puntaje ni de una decisión vocacional tomada a contrarreloj.

Pero mientras la norma se discute —y mientras existan programas como las residencias de transición en el diseño— el problema vuelve al punto de siempre: en el papel hay herramientas; en la práctica, la cobertura y el acceso no alcanzan.

Exigirle esto a jóvenes que han pasado gran parte de su vida bajo cuidado institucional —muchas veces marcado por la precariedad, la inestabilidad y la ausencia de redes familiares— no solo resulta injusto, sino profundamente contradictorio.

El mismo Estado que reconoce su deber de protección parece retirarse precisamente en el momento en que ese acompañamiento se vuelve más necesario. A los 18 años, equivocarse debería ser parte del aprendizaje y no el inicio del abandono.

Y, sin embargo, hoy estamos dispuestos a aceptar que jóvenes que fueron responsabilidad del Estado hasta su mayoría de edad queden a la intemperie por no haber logrado, a tiempo, un puntaje o una matrícula, aun cuando son, incluso entre los más vulnerados, quienes cuentan con menos herramientas para enfrentar los desafíos de la vida adulta.

América Castillo
Coordinadora de Vocación Pública de IdeaPaís

Catalina Karin
Investigadora de IdeaPaís