El caso Puerto Coronel quedó paralizado, luego de que el Juzgado de Garantía de Coronel resolviera suspender la totalidad del procedimiento mientras el Tribunal Constitucional (TC) se pronuncia sobre el requerimiento presentado por el alcalde Boris Chamorro, quien busca evitar ser suspendido de su cargo en medio del proceso judicial.
Con esta decisión, también quedó sin efecto, por ahora, la audiencia de preparación de juicio oral que estaba programada para el próximo viernes 13 de noviembre.
Así lo confirmó el abogado Fernando Saenger, quien representa al alcalde de Coronel, Boris Chamorro, ante el Tribunal Constitucional.
De esta manera, el Juzgado de Garantía decretó la suspensión total del procedimiento, lo que implica paralizar la tramitación de la causa hasta que se resuelva la controversia ante el TC.
“Hoy en la mañana se decretó la suspensión del procedimiento entero y con lo cual evidentemente se suspende la audiencia que está programada para el 13 de este mes. De tal modo que no hay nada más que decir por ahora; podrá haber alguna insistencia de alguna otra parte, eso a mí no me corresponde. Yo solamente opino de las cosas que yo hago y eso es lo que les puedo informar sintéticamente”, señaló Saenger.
La resolución del Juzgado de Garantía se conoció dos días después de que el fiscal nacional, Ángel Valencia, solicitara al Tribunal Constitucional aclarar los alcances de la suspensión decretada por este último organismo.
Esto, porque a juicio del Ministerio Público, la medida únicamente impediría remitir los antecedentes del proceso judicial al Servicio Electoral (Servel), sin que ello implique paralizar la tramitación de la causa penal.
La misma aclaración fue solicitada por Puerto Coronel y el Servicio de Impuestos Internos (SII), ambos querellantes en la investigación.
Cabe recordar que Boris Chamorro recurrió al Tribunal Constitucional para evitar ser suspendido de sus funciones como alcalde durante el proceso judicial, argumentando que todavía no existe una sentencia condenatoria en su contra.
Lo anterior, pese a que el jefe comunal arriesga una pena de hasta ocho años de cárcel.
Así las cosas, la audiencia de preparación de juicio oral permanecerá suspendida, a la espera de que se despeje la controversia ante el Tribunal Constitucional y se autorice la reanudación del procedimiento.
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