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Cuando alguien de la izquierda refundacional te da la mano, piensa cómo robarte el reloj -por la vía armada, la vía institucional, o ambas- y excusará el hecho argumentando “justicia social”, como si hubiere justicia en quitarle a otro el fruto de su trabajo.
Resulta inconcebible que un país que rechazó con un 62% el proyecto refundacional siga concediéndole autoridad moral a la izquierda. Y resulta todavía más incomprensible que parte de la derecha vuelva a prestarse para el mismo juego que en 2019: aceptar el libreto del adversario, entregar a los suyos, llamándole “prudencia” esperar el contenido de la Acusación Constitucional en contra del Ministro.
Rabat es la excusa, como lo fueron los 30 pesos. Durante el gobierno de Boric se otorgaron 276 rebajas de condena a sentenciados por delitos sexuales contra menores. ¿Dónde estaba entonces la misma urgencia política? Lo que solo evidencia que no les preocupan las víctimas, solo se aprovechan de su sufrimiento, lo que es miserable.
Hay quienes todavía no entienden que interpretan cada retroceso de la institucionalidad como una invitación a exigir el siguiente retroceso. Entregar un ministro o lo que sea, siempre será insuficiente. La ingenuidad política deja de ser una disculpa cuando se repite después de haber visto sus consecuencias.
La experiencia de Piñera debería bastar. En 2019, después de la quema de las estaciones de metro, la decisión del exmandatario -en vez de hacer cumplir la ley- fue revertir el alza de los 30 pesos y ¿qué pasó? la crisis continuó, romantizándose el terrorismo con la consigna “No son 30 pesos, son 30 años”.
La concesión no cerró el conflicto, por el contrario, los actos delictivos se extendieron a los centros de abastecimiento de la población: Hubo turbas que saquearon cientos de supermercados y comercios, y varios de ellos fueron posteriormente quemados, dejando al menos siete personas que murieron calcinadas.
Así son, esas son las lecciones que algunos se niegan a aprender, ya sea porque son ilusos o derechamente necios. Para un sector empeñado en recuperar el poder, la caída de Rabat sería una victoria desde la cual preparar la próxima ofensiva, que aumentará la fuerza de esta. Creer que la oposición agradecerá el gesto y se sentará dócilmente a construir acuerdos es una fantasía política.
Por eso no se comprende como Hotuiti Teao y Marlene Pérez, ambos vinculados con la UDI, piden la salida de Rabat. Esto resulta desesperante. Quien crea que fortalece al Gobierno ayudando a la oposición a escoger qué ministro debe caer está confundiendo -una vez más- independencia con rendición.
La ofensiva contra Rabat tuvo una respuesta concreta: como Fundación Fuerza Ciudadana, junto al abogado Maximiliano Murath, presentamos una denuncia que también alcanzó a los magistrados cuyos fallos sustentaron el criterio invocado por el ministro. Si se pretende perseguir penalmente ese criterio, corresponde examinar a todos quienes lo sostuvieron. La ley no puede endurecerse contra uno y desaparecer frente a los demás por conveniencia política.
Tras nuestra denuncia, y cuando ya se había encargado investigar a Rabat y al exsubsecretario Silva, salió el propio fiscal nacional a recordar que “la Fiscalía no investiga errores políticos”. A nuestro juicio, extender el escrutinio a quienes sostuvieron ese mismo criterio desde la Suprema, puso en evidencia la inconsistencia de concentrar toda la ofensiva en el ministro y derechamente desinfló la investigación, que si bien sigue abierta, esta arremetida sirvió para que el Ministerio Público no sea utilizado como el brazo ejecutor ni prestar su autoridad a las artimañas de quienes pretenden obtener una persecución selectiva.
Entonces, ¿qué pasaría si Kast entrega a Rabat para descomprimir el ambiente? Los mismos ingenuos bajo la idea que ahora sí llegarán los grandes acuerdos, mirarán y retrucarán con asombro cuando la izquierda utilice su salida como símbolo para arremeter con más fuerza, al igual que lo hizo para la revuelta.
Es obvio que una mala ley se modifica o se deroga de raíz. Sacar a un ministro no cambiará ni una coma de sus disposiciones. Por lo que, si el problema está en las rebajas de condena, se corrige el sistema. Pero entregar una cabeza para satisfacer a la oposición solo le enseña cuánto tiene que presionar para obtener la siguiente concesión.
Debemos aprender de una vez: el problema político nunca se agotó en los 30 pesos ni en los 30 años, y tampoco se agotará en Rabat. Esa izquierda refundacional utiliza a las víctimas como pretexto para medir cuánta presión necesita ejercer para doblegar a la derecha, hacerla arriar sus banderas y comprobar cuánto está dispuesta a entregar.
En 2019, las concesiones llegaron hasta poner la Constitución sobre la mesa. Hoy vuelven a probar la misma fórmula. Por eso, sí: el problema es la izquierda. Pero peor aún son los ilusos que, después de todo lo ocurrido, siguen creyéndole.
