El Gobierno confirmó la apertura de un sumario administrativo en el Ministerio de Justicia para esclarecer cómo se difundieron los decretos que otorgaron rebajas de condena a autores de delitos sexuales contra menores. El vocero de La Moneda, Gonzalo Arenas, explicó que la medida busca resguardar información sensible de las víctimas, en medio de la controversia que enfrenta el ministro Fernando Rabat, quien continúa en su cargo con el respaldo del presidente José Antonio Kast.
La controversia por las rebajas de condenas sumó un nuevo capítulo, esta vez relacionado con la difusión de los antecedentes que salieron del Ministerio de Justicia.
En medio de los cuestionamientos al ministro Fernando Rabat, el Gobierno confirmó la apertura de un sumario interno para investigar cómo llegaron a los medios de comunicación los decretos que beneficiaron a condenados por delitos sexuales contra menores.
La decisión se conoce mientras el secretario de Estado permanece en su cargo, pese a las críticas por haber firmado los documentos que desataron la controversia.
Fue el vocero de La Moneda, Gonzalo Arenas, quien confirmó la investigación, argumentando que busca proteger información sensible.
“Hay información de víctimas que pueden sufrir revictimización o cualquier otro tipo de situaciones”, sostuvo.
El portavoz agregó que, ante la circulación de antecedentes en distintos medios, el ministro debía verificar si se estaban resguardando las medidas correspondientes, especialmente respecto de las víctimas.
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Jueves 01 Enero, 1970 | 00:00
“Efectivamente, se desarrolló un sumario para ver cómo llegó esa información que muchas veces contiene información privada”, confirmó.
El sumario en medio de la controversia por permanencia de Rabat
La explicación oficial apunta a proteger los datos de las víctimas, una preocupación especialmente relevante tratándose de delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes.
El sumario se produce en paralelo a los cuestionamientos que enfrenta Rabat por la firma de los decretos y a las presiones políticas para que abandone el gabinete.
En total, se trata de 56 decretos de rebaja de condena firmados durante la actual administración, de los cuales 27 corresponden a delitos de abuso sexual contra menores y otros 29 a distintos delitos sexuales contra menores.
La controversia ha provocado críticas desde distintos sectores políticos e iniciativas legislativas para restringir estos beneficios.
Pese a ello, el presidente José Antonio Kast ha optado por mantener al ministro en su puesto, mientras Rabat defiende la legalidad de las decisiones adoptadas.
Las dudas sobre el alcance del sumario
La apertura de un procedimiento administrativo no implica necesariamente una sanción. Su objetivo es esclarecer los hechos investigados y determinar si existen eventuales responsabilidades funcionarias.
En este caso, el Gobierno ha justificado la medida en la necesidad de resguardar información privada de las víctimas.
Sin embargo, Arenas no precisó si la investigación se limita a una eventual exposición de datos personales o si también comprende la entrega no autorizada de los documentos.
La distinción resulta relevante, considerando que los decretos corresponden a decisiones administrativas del Ministerio de Justicia que han generado un amplio debate público.
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