El excomandante en jefe del Ejército Óscar Izurieta Ferrer fue condenado este martes de manera unánime por lavado de activos. El caso se originó en el desvío de gastos reservados de la institución, luego de que la Fiscalía Regional de Los Lagos estableciera que el oficial en retiro recibió durante años dineros sustraídos del presupuesto confidencial del Ejército y desplegó maniobras para blanquearlos.
Según antecedentes contenidos en el expediente judicial —a los que accedió la Unidad de Investigación de Bío Bío—, entre 2010 y 2018 los excomandantes en jefe Juan Miguel Fuente-Alba y Humberto Oviedo sacaron fondos de los gastos reservados. Se trata de recursos que —en el papel— solo pueden usarse para orden público, seguridad, inteligencia y contrainteligencia. Sin embargo, —en la realidad— se destinaron a pagar una “mesada” a exjefes de la institución. Bajo el rótulo “Apoyo Ex-CJE”, la entrega se hacía en efectivo, en sobres cerrados y sin registro contable.
Izurieta recibió esos pagos mensuales desde abril de 2010 hasta al menos febrero de 2018. Los montos subieron de $400 mil a $600 mil, luego a $800 mil y finalmente a $1 millón mensuales. En total, la acusación cifra el desfalco en favor del general (r) entre $61,2 y $78 millones.
La mesada de Izurieta
La indagatoria comenzó en 2022, luego de que la ministra Romy Rutherford sometiera a procesamiento —ante la justicia militar— al oficial por delitos reiterados de malversación de caudales públicos.
De acuerdo con fuentes conocedoras de la materia, un documento fue clave para esa causa: los investigadores encontraron un papel del Ejército que revelaba los pagos a los líderes de la institución castrense. Según los mismos inquiridos, se trataba de una hoja que no fue “destruida” por los implicados, pese a que existía una “instrucción de hacerlo”.
En teoría, esos dineros debían llegar —en su gran mayoría— a la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE) en periodos en los que Chile necesitaba de esos recursos para enfrentar amenazas de seguridad interior e incluso exterior, entre ellas el terremoto de 2010 y la disputa marítima con Perú.
Sin embargo, en el archivo de un encargado de finanzas de la comandancia en jefe de un periodo posterior, figuraban los gastos reales a que los comandantes en jefe destinaban esos dineros: a las mesadas.
A partir de entonces, testigos que participaron en la entrega de los dineros colaboraron con la justicia y ratificaron el pago del “apoyo” económico a los oficiales.
Según antecedentes de la investigación, los fondos reservados también se habrían usado en obsequios a generales y a familiares de oficiales, por ejemplo con ocasión de matrimonios o cambios de casa.
Lavado: departamento y declaraciones ante el SII
A lo largo de las pesquisas, la ministra Rutherford también encontró indicios que podrían ser constitutivos de lavado, por lo que remitió esos antecedentes al Ministerio Público. Y, por orden del fiscal nacional, se designó a la fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer, como la encargada de liderar la causa.
La investigación —liderada por Wittwer y el persecutor anticorrupción Marco Muñoz Becker— comprobó que Izurieta usó dinero de los gastos reservados para pagar en efectivo 36 cuotas del crédito hipotecario de un departamento en Las Condes (Edificio Atalaya), por unos $14,9 millones, entre 2012 y 2015. El inmueble fue arrendado y generó al menos $166,2 millones en rentas entre 2010 y 2025.
Asimismo, en 2019, tras la difusión pública de la investigación sobre pagos a excomandantes, Izurieta rectificó seis declaraciones de renta (años tributarios 2013 a 2018). De este modo, declaró $51,2 millones como rentas de “contabilidad simplificada”, sin indicar su procedencia, y pagó los impuestos. Para la fiscalía, a través de esa maniobra, el general (r) buscaba dar apariencia de legitimidad a fondos ilícitos mediante el sistema tributario.
Más tarde, en 2021, donó el departamento a su hija con autorización judicial. Sin embargo, ella le otorgó poder indefinido para arrendarlo y cobrar las rentas, de modo que él conservó el uso y goce del bien. Desde 2022, parte de las rentas se canalizó a la cuenta bancaria de su cónyuge, que según la acusación sirvió para almacenar, administrar y distribuir los fondos.
Según fuentes del juicio, Izurieta alegó que el dinero era una asignación de seguridad. Pero la fiscalía replicó que ya recibía protección con cargo al presupuesto regular: contaba con vehículo, escolta y hasta personal de servicio.
El fiscal Muñoz explica a Bío Bío Investiga que en Chile “no había precedente de la utilización del sistema del sistema de recaudación tributaria para obtener una suerte de purga de los dineros ilícitos”. De ahí que valorara el veredicto de este martes.
El persecutor además comenta que la causa resultó ser compleja: debieron reconstruirse datos bancarios, financieros y tributarios desde 2005, con apoyo de las brigadas de Lavado de Activos y Anticorrupción de la PDI. Esa información antigua no siempre existía, lo que dificultó el trabajo.
Otro obstáculo, detalla Muñoz, fue la negativa del Ejército a entregar antecedentes, que invocaba su carácter reservado. La fiscalía recurrió a la Corte Suprema y debió ser justamente la máxima judicatura chilena quien ordenara a la institución castrense entregarlos. “Esto permitió así completar la información necesaria para la investigación”, afirma Muñoz.
La Constitución
El Ministerio Público lo acusó como autor de dos delitos consumados de lavado de activos. Este martes fue condenado por ambos ilícitos por el Cuarto Tribunal de Juicio Oral en Lo Penal de Santiago.
“Como unidad Anticorrupción de la Fiscalía Regional de Los Lagos hizo una investigación que que involucró recursos públicos importantes para la investigación (…) y se trata de un resultado satisfactorio”.
“Más allá del esfuerzo investigativo, se logró establecer judicialmente una verdad procesal que es el uso indebido de gastos reservados, dinero que es público y que están destinados a una finalidad específica que se designa por la Constitución y la ley”, sentenció.
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