Se cerró la investigación del caso Puerto Coronel, causa en la que se indagan delitos tributarios, económicos y de corrupción, que habrían ocasionado un perjuicio de más de $2.500 millones. Ahora, el Ministerio Público cuenta con un plazo de 10 días para presentar la acusación contra siete de los ocho imputados.
Esto último, porque, según se conoció en la audiencia de este viernes, una de las imputadas, Michelle Prater, exgerenta general interina de Puerto Coronel, aceptó una salida alternativa acordada con el Ministerio Público. De esa forma, el procedimiento en su contra quedó suspendido por un año.
Entre las condiciones impuestas en el acuerdo se encuentra fijar domicilio y firmar mensualmente ante Carabineros, específicamente en la 37ª Comisaría de Vitacura. Además, deberá donar $2.500.000 al Cuerpo de Bomberos de Coronel, monto que deberá pagar en 10 cuotas.
Recordemos que entre los imputados que deberán enfrentar la acusación se encuentra el alcalde de Coronel, Boris Chamorro, investigado por el delito de cohecho.
Fiscalía cifra en más de $2.500 millones los perjuicios
Tras la audiencia, Glenda Lagos, fiscal adjunta de la Fiscalía Local de Coronel, calificó el cierre de la investigación como un “hito importante” y destacó que durante la instancia se precisaron los hechos y delitos atribuidos a los ocho imputados.
“Hoy día hemos tenido un hito importante en la investigación, trascendental. Se ha formalizado la investigación, precisándose productivamente cada uno de los hechos y delitos que se le atribuyen a los ocho imputados, a los ocho investigados, y, seguidamente, se ha cerrado la investigación”, indicó.
La persecutora agregó que durante la audiencia “se precisaron detalladamente los montos de los perjuicios ocasionados a los distintos afectados en el caso de Compañía Puerto de Coronel S.A.”.
Concretamente, el perjuicio a Puerto Coronel por los delitos investigados supera los $2.500 millones. De ese monto, $2.159 millones corresponden a perjuicios por hechos de administración desleal, más de $233 millones están asociados a delitos tributarios y $151 millones corresponden a pagos a autoridades comunales vinculados a delitos de cohecho y soborno.
Fiscal por salida alternativa para Michelle Prater
Respecto de la situación de Prater, la fiscal Lagos explicó que la salida alternativa se adoptó considerando las circunstancias de su imputación y la colaboración que prestó durante la investigación.
“Respecto de ella se consideró que concurrían los requisitos que se exigen por el legislador para arribar a esta salida alternativa. Ella estaba solamente imputada por el delito de administración desleal, por un fragmento de los hechos que constituyen ese delito”, señaló.
En diciembre de 2025, Prater había sido formalizada por administración desleal, acusándosele de omitir acciones destinadas a impedir desvíos de dinero, pese al deber que tenía de resguardar el patrimonio de la empresa.
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