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Los diputados Juan Santana (PS) y Luis Cuello (PC) solicitaron al fiscal nacional, Ángel Valencia, designar un persecutor con dedicación exclusiva para investigar la denuncia por prevaricación administrativa contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat, y el subsecretario Luis Silva. La acción cuestiona 56 decretos que rebajaron penas a condenados por delitos sexuales contra menores y sostiene que las autoridades desconocieron una norma legal. Los parlamentarios alegan que el caso es complejo y de máxima gravedad.
Los diputados Juan Santana (PS) y Luis Cuello (PC) solicitaron al fiscal nacional Ángel Valencia designar un fiscal con dedicación exclusiva por la denuncia que presentaron contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat, y el subsecretario de la misma cartera, Luis Silva, por el delito de prevaricación administrativa.
La denuncia la presentaron por los 56 decretos del Ministerio de Justicia que otorgaron rebajas de penas a condenados por delitos sexuales cometidos contra menores de edad.
En el escrito se indica que en los decretos se desconoce de manera explícita el carácter obligatorio de la ley, invocando para ello una interpretación jurisprudencial mayoritaria y la necesidad de evitar “una judicialización innecesaria de materias ya resueltas”.
También se fundamenta que “el Ministro carece de competencia para hacer prevalecer criterios jurisprudenciales por sobre una norma legal expresa, como tampoco para alterar el principio del efecto relativo de las sentencias”.
Tras la presentación de la denuncia, los diputados Santana y Cuello pidieron al fiscal nacional Ángel Valencia designar un fiscal con dedicación exclusiva para la investigación.
En la solicitud, exponen que la investigación contempla una causa de alta complejidad, ya que “requiere revisar una alta cantidad de decretos de rebaja de condena y ha sido un tema que ha generado alta conmoción pública con una importante atención mediática”.
Junto con eso, enfatizaron que “es una investigación contra altas autoridades de gobierno, por lo que la investidura de las personas a investigar es de relevancia e involucra a hechos que afectarían a menores de edad, por lo que se trata de hechos de la máxima gravedad”.
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Existe la posibilidad de que los cargos sean desestimados al finalizar la investigación, por
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