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Un elemento fundamental para una política de seguridad pública robusta es la coherencia de sus acciones, pues no es posible sostener que se es implacable con la delincuencia cuando, en la práctica, las medidas adoptadas responden a criterios diferentes dependiendo del grupo al que afectan.
Por ello, llaman la atención las rebajas de condena a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad, concedidas por el Ministerio de Justicia. Más sorprendente aún resulta la férrea defensa inicial de estas decisiones, la escasa consideración de sus consecuencias para las víctimas y, finalmente, que el propio Presidente de la República haya reconocido el error y asumido directamente la responsabilidad política, manteniendo en su cargo al ministro de Justicia.
Este hecho nos lleva a preguntarnos: ¿cómo se justifica exigir mayor severidad penal a los jóvenes, mientras se conceden beneficios que reducen las condenas por delitos de esta naturaleza? Más allá de las explicaciones jurídicas invocadas por el ministro de Justicia, creemos que apelar a la legalidad no clausura el debate sobre el criterio político, la transparencia, la prioridad concedida a las víctimas y, por cierto, la disparidad de criterios en el tratamiento de quienes cometen delitos.
En esta esfera, un tema que ha estado en el centro del debate público, junto con las garantías y la protección de los derechos de la infancia, es la participación de adolescentes en actividades delictivas. Su abordaje requiere respuestas integrales que combinen responsabilidad penal, prevención focalizada, rehabilitación y reinserción social. El endurecimiento de las penas, por sí solo, no garantiza una disminución de la reincidencia ni resuelve las condiciones que favorecen las trayectorias delictivas.
La urgencia se sustenta en los datos. Durante 2025, la Fiscalía Regional de Valparaíso registró 4.376 delitos asociados a adolescentes de entre 14 y 17 años, cifra que representa un aumento del 10,28% respecto de 2024 y sitúa a la región entre las que presentan mayores registros del país. Las expresiones materiales de esta realidad son conocidas en la región: reiteración de delitos, temor en los barrios y dificultades para responder a jóvenes que transitan entre la vulneración de derechos, la exclusión social y la actividad delictiva. Esta realidad exige respuestas oportunas, capaces de abordar tanto las consecuencias del delito como los factores que favorecen su persistencia.
Hace unas semanas, se anunció en la región la instalación de una mesa intersectorial para enfrentar la delincuencia juvenil, cuya primera sesión se realizó recientemente, con participación de diversos organismos públicos, para identificar brechas de intervención, fortalecer la coordinación institucional y prevenir la reincidencia.
En paralelo, avanza en el Senado una reforma a la Ley N.º 20.084 de Responsabilidad Penal Adolescente, entre cuyas modificaciones aprobadas en comisión figuran elevar las penas máximas establecidas para determinados delitos graves, exigir el cumplimiento efectivo de una parte de la condena en régimen cerrado, restringir el acceso a la sustitución de la internación y endurecer las consecuencias de las fugas y los quebrantamientos de condena. Estas medidas deben analizarse considerando que una política de seguridad efectiva no puede limitarse a aumentar las sanciones, sino que debe contemplar estrategias de prevención, intervención especializada y reinserción social.
La incoherencia del enfoque merece ser cuestionada: mientras el gobierno de José Antonio Kast respalda el endurecimiento de las sanciones para adolescentes infractores, bajo la premisa de que la seguridad pública exige mayor rigor penal, su propia administración ha concedido rebajas de condena a personas sentenciadas por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes.
Aunque se trata de regímenes jurídicos distintos, esta diferencia de trato obliga a examinar la consistencia de los criterios con que se ejerce el poder punitivo del Estado y se prioriza la protección de las víctimas. El reconocimiento presidencial del error no elimina la necesidad de esclarecer las responsabilidades institucionales ni las condiciones que hicieron posibles estas decisiones. La seguridad pública no se fortalece únicamente con medidas de mano dura; requiere instituciones confiables, prevención, persecución eficaz del delito, rehabilitación, reinserción social y protección efectiva de las víctimas. Cuando las decisiones gubernamentales transmiten señales contradictorias, se debilita la confianza ciudadana en la justicia y en la legitimidad de sus instituciones.
Yanino Riquelme
Ex Delegado Presidencial Regional de Valparaíso.Alejandra Romero
Ex Seremi de Seguridad Pública Región de Valparaíso.Carolina Quinteros
Ex Delegada Presidencial Provincial de San Antonio.
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