Los diputados Luis Cuello (PC) y Juan Santana (PS) presentaron una denuncia ante la Fiscalía Nacional contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat, y el subsecretario de la cartera, Luis Silva, por el presunto delito de prevaricación administrativa, a raíz de los decretos que otorgaron rebajas de condena a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad.
La acción judicial apunta a los decretos que concedieron el beneficio a condenados por delitos de abuso sexual y violación a víctimas menores de edad, pese a las restricciones que, según los parlamentarios, establece la legislación vigente.
En concreto, los diputados cuestionan que el Ministerio de Justicia haya otorgado estas rebajas amparándose en una interpretación de la Corte Suprema sobre la aplicación retroactiva de la Ley 21.421, además de invocar los principios de eficiencia y eficacia administrativa para evitar una eventual judicialización de los casos.
“El ministro Rabat le miente al país”
En la denuncia, los legisladores sostienen que el artículo 17 de la Ley 19.856 establece límites expresos para acceder al beneficio, incluyendo determinados delitos sexuales cometidos contra menores de edad.
Por ello, acusan que las autoridades habrían dictado resoluciones contrarias a una norma legal expresa, lo que, a su juicio, podría configurar el delito de prevaricación administrativa contemplado en el artículo 228 del Código Penal.
“El ministro Rabat le miente al país y le miente a las víctimas y sus familias. Ninguna ley lo obligaba a liberar pederastas“, afirmó el diputado Luis Cuello.
Primera acción judicial contra Rabat
El parlamentario agregó que, a su juicio, el ministro dictó decretos que contravienen una disposición legal que obligaba a rechazar las rebajas de condena para personas responsables de delitos sexuales contra niños y niñas.
“Es por esto que hemos presentado esta denuncia por el delito de prevaricación administrativa, toda vez que el ministro dictó un decreto ilegal bajo el argumento inaceptable de ahorrar un juicio que hoy pone en peligro y en riesgo a las familias y a las víctimas de delitos sexuales contra niños”, sostuvo.
La presentación solicita investigar la actuación de Rabat y Silva por la dictación de los decretos cuestionados. La denuncia corresponde a una acusación de los parlamentarios y no implica, por sí sola, que se haya establecido la existencia de un delito.
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