Ante el pleno de la Cámara de Diputados, el ministro de Justicia, Fernando Rabat, buscó defender las rebajas a condenados por delitos sexuales contra menores mostrando un decreto del gobierno de Gabriel Boric. Pero el caso que citó tenía una diferencia clave: la víctima era una mujer adulta. Por eso, no enfrentaba la prohibición incorporada en 2022 para determinados delitos sexuales contra menores, cuya aplicación está en el centro de la polémica.
La comparación fue amplificada por oficialistas que afirmaron que el condenado había violado a una menor, dato que Mega también publicó y posteriormente tuvo que rectificar.
El episodio añade cuestionamientos a la defensa de Rabat, quien ha invocado fallos previos para justificar las aprobaciones. Sin embargo, la revisión de las resoluciones asociadas a los 33 beneficiados identificados por BioBioChile encontró solo una orden expresa de conceder la rebaja. La intervención de tribunales no tuvo el mismo alcance en todos los casos.
Este error sustancial de Rabat debilitó aún más la defensa del ministro y su intento de apuntar al gobierno anterior, en medio de una controversia que se ha convertido en una de las crisis más graves del Gobierno.
La comparación fallida de Fernando Rabat
“De la fuga de antecedentes que salieron del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, no salió el decreto firmado directamente por el subsecretario Ernesto Muñoz el 1 de julio de 2025, en que, citando la reiterada jurisprudencia de los tribunales de justicia, le rebajó —sin esperar recurso de amparo— la condena a un violador”, sostuvo.
Con esas palabras, el ministro Fernando Rabat citó un decreto firmado en la administración anterior durante la sesión especial, en la que mantuvo su defensa de las rebajas y dirigió reproches al Congreso y al gobierno de Boric.
Su ejemplo rápidamente se desmoronó.
Al tratarse de una víctima adulta, el caso exhibido por Rabat no enfrentaba la exclusión específica. La Ley 19.856, de 2003, permite reducir condenas por comportamiento sobresaliente, siempre que se cumplan los requisitos y no exista una causal de exclusión. Pero en febrero de 2022, una modificación a la ley incorporó una prohibición para determinados delitos cometidos contra víctimas menores de 18 años, entre ellos violación y abuso sexual.
Oficialistas amplificaron el error
El diputado Agustín Romero (REP) replicó la información equivocada: “Mega reveló que el gobierno de Boric benefició a un violador de una menor sin esa orden. ¡Los pillaron mintiendo!”.
Leandro Kunstmann (REP) también afirmó que bajo Boric se había reducido “por decreto la condena a un violador de una menor”.
En la Cámara, Constanza Hube (UDI) sostuvo que existían decretos “por orden de Boric” que rebajaban penas por violaciones de menores, aunque en la declaración citada no individualizó el caso.
El diputado Daniel Manouchehri exigió rectificaciones: “Afirmaron que el gobierno anterior rebajó la condena a un violador de una menor. La víctima de ese caso era una mujer adulta”.
La judicialización: ¿qué ordenaban los tribunales?
Fernando Rabat en su defensa también ha invocado la existencia de recursos judiciales previos para defender las aprobaciones. Pero haber recurrido a tribunales no significa, por sí solo, que existiera una orden de conceder la rebaja.
Un análisis de Bío Bío demuestra que, de los 33 pederastas identificados por este medio, solo en un caso Justicia estuvo obligada a otorgar el beneficio por orden de la Corte de Apelaciones de Valparaíso. Sin embargo, su decreto no invoca esa causal y no está claro si la cartera tuvo a la vista el fallo del tribunal de alzada a la hora de firmar.
En otros 15 casos, la Suprema y distintas cortes de apelaciones acogieron amparos de los pederastas contra la Comisión de Rebaja de Condena para que fuera esa instancia —y no el Ministerio de Justicia— la que debiera corregir aspectos formales respecto de las solicitudes de los condenados. Por ejemplo, volver a revisar la calificación de conductas de los internos o que la comisión volviera a reunirse para escuchar solicitudes de los reos.
En ninguno de estos 15 casos, los tribunales obligaron a Rabat y compañía a firmar los decretos, sino que se trató de una decisión exclusivamente administrativa del Gobierno.
Una controversia que no cierra
La crisis comenzó con la revelación de Interferencia sobre 56 decretos por delitos sexuales contra menores durante la actual administración: 27 por abuso sexual y 29 por violación. Luego, la publicación de Bío Bío que demostraba que varios de ellos tenían alto riesgo de reincidencia, motivó una respuesta en el Congreso que terminó con el anuncio de una acusación constitucional.
Rabat ha defendido las aprobaciones invocando la Constitución, la ley y fallos anteriores. Ante la Cámara, el ministro sostuvo que Justicia solo debía formalizar decisiones de las comisiones y que revisar nuevamente los antecedentes habría excedido sus atribuciones. No pidió disculpas ni reconoció como un error aprobar las rebajas, aunque admitió que el procedimiento no escucha a las víctimas.
Con todo, este jueves el vocero de Gobierno, Gonzalo Arenas, afirmó que el Ejecutivo reconoce un error político y humano en el manejo de las rebajas de condena, pero reiteró que Fernando Rabat cumplió con sus obligaciones y que no existe base para una acusación constitucional. Pese a esto y a la ratificación del presidente Kast, la presión sobre Rabat continúa, con una acusación constitucional anunciada y dos días consecutivos de manifestaciones frente a Justicia.
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