Una avalancha de iniciativas legislativas desató en el Congreso la controversia por las rebajas de condena a violadores y abusadores sexuales de menores de edad. En pocos días, parlamentarios del oficialismo y la oposición anunciaron cinco proyectos para restringir estos beneficios, aunque con fórmulas que podrían enfrentar obstáculos jurídicos. Una ofensiva transversal que también abre dudas sobre la efectividad de las propuestas y la posibilidad de que terminen compitiendo entre sí.
La polémica por las rebajas de condena a violadores y abusadores sexuales de menores de edad desató una carrera legislativa en el Congreso. En pocas horas, diputados y senadores de distintos sectores comenzaron a anunciar proyectos para impedir que los responsables de estos delitos accedan a beneficios penitenciarios.
Hasta ahora son cinco las iniciativas conocidas. Algunas buscan modificar la aplicación temporal de la legislación, otras eliminar excepciones y establecer mayores controles. Todas persiguen restringir las rebajas de condena, pero no necesariamente ofrecen soluciones para los 56 casos que originaron la controversia.
La ofensiva se produce mientras el Ministerio de Justicia enfrenta cuestionamientos por haber concedido estos beneficios a personas condenadas por delitos sexuales contra menores, amparándose en la interpretación que la Corte Suprema ha realizado de la legislación vigente.
El problema para los parlamentarios es que parte de las propuestas apunta precisamente a modificar las reglas que han permitido esas decisiones, abriendo un debate sobre los límites constitucionales de aplicar nuevas restricciones a delitos cometidos antes de 2022.
La carrera por presentar proyectos
Una de las primeras iniciativas surgió desde la bancada de diputados de Renovación Nacional, encabezada por Ximena Ossandón, que presentó una reforma constitucional para modificar las reglas de aplicación temporal de los beneficios penitenciarios.
La propuesta establece que las reducciones de condena se rijan por la legislación vigente al momento de resolver su otorgamiento. Además, contempla dejar sin efecto determinados beneficios concedidos administrativamente durante los seis meses anteriores a la entrada en vigor de la reforma.
Desde el Frente Amplio, la diputada Emilia Schneider también anunció un proyecto para impedir que condenados por delitos sexuales contra menores accedan a estas rebajas mediante interpretaciones de la normativa anterior a 2022.
En el Senado, en tanto, Arturo Squella comunicó una iniciativa transversal junto a Andrés Longton, Iván Flores, Karim Bianchi y Pedro Araya, con el objetivo de asegurar la aplicación efectiva de la exclusión de estos beneficios. Los parlamentarios esperan sumar respaldos de otros sectores y solicitaron al Gobierno otorgarle la máxima urgencia legislativa.
A la lista se incorporó la diputada Marlene Pérez, quien anunció un proyecto para extender la prohibición a delitos sexuales contra menores cometidos antes de la reforma de 2022.
La parlamentaria tiene previsto reunirse este jueves con el ministro de Justicia, Fernando Rabat, para analizar la viabilidad jurídica de su propuesta.
La quinta iniciativa provino de la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), quien busca eliminar una excepción contemplada en la Ley 19.856, relacionada con la aplicación del artículo 73 del Código Penal.
A diferencia de otras propuestas, la modificación sustantiva que impulsa Núñez regiría únicamente para delitos cometidos después de la publicación de la futura ley. Su proyecto también contempla mayores exigencias de fundamentación y control para conceder reducciones de condena.
El obstáculo de la retroactividad
La proliferación de proyectos tiene su origen en las 56 rebajas de condena otorgadas entre marzo y septiembre de este año a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores.
El Ministerio de Justicia ha defendido estas decisiones argumentando que se ajustan a la interpretación de la Corte Suprema sobre la aplicación de la Ley 19.856, que permite reducir penas por comportamiento sobresaliente.
Aunque en febrero de 2022 se modificó la legislación para excluir de este beneficio a condenados por determinados delitos sexuales contra menores, el máximo tribunal ha establecido en distintos fallos que esa prohibición no puede aplicarse retroactivamente a hechos anteriores a su entrada en vigencia.
Ese criterio explica la posición adoptada por la cartera que encabeza Fernando Rabat, aunque no ha logrado contener los cuestionamientos políticos.
De hecho, uno de los antecedentes que alimenta la controversia es que las 56 solicitudes fueron acogidas administrativamente, sin necesidad de que los condenados recurrieran previamente a los tribunales.
En ese escenario, las iniciativas que buscan extender la prohibición a delitos anteriores a 2022 podrían enfrentar reparos constitucionales, particularmente por las reglas que limitan la aplicación retroactiva de disposiciones penales más desfavorables.
La dificultad es relevante porque una eventual modificación legal no garantiza que puedan revertirse los beneficios ya concedidos, ni que se impida automáticamente la aprobación de nuevas solicitudes por hechos anteriores a la reforma.
La propuesta de Núñez, por ejemplo, evita ese conflicto al establecer efectos hacia el futuro, pero tampoco resolvería directamente los casos que detonaron la polémica.
Así, mientras existe coincidencia política en restringir las rebajas, las diferencias aparecen al momento de determinar cómo hacerlo y qué efectos concretos tendrían las modificaciones.
La presión sobre Rabat y el riesgo de dispersión
El vendaval legislativo también ha estado acompañado de una ofensiva fiscalizadora contra el Ministerio de Justicia.
Desde el Partido Comunista anunciaron inicialmente una interpelación al ministro Fernando Rabat, aunque posteriormente optaron por priorizar una sesión especial de la Cámara para abordar las rebajas de condena, dejando abierta la posibilidad de avanzar hacia esta herramienta legislativa.
Por su parte, la presidenta del Senado ofició al secretario de Estado para solicitar antecedentes sobre los criterios utilizados para conceder los beneficios, las normas aplicadas y los mecanismos de verificación de los requisitos.
Las gestiones mantienen la presión sobre el Ejecutivo, que deberá responder por las decisiones adoptadas y definir si respaldará alguna de las iniciativas anunciadas.
En el Congreso, en tanto, la multiplicación de propuestas plantea otro desafío: evitar que proyectos con objetivos similares terminen dispersando la discusión o dificultando un acuerdo transversal.
Por ahora, tampoco está confirmado que las cinco iniciativas hayan sido formalmente ingresadas a tramitación, pese a los anuncios realizados por sus impulsores.
El escenario deja una particularidad política: parlamentarios de distintos sectores compiten por ofrecer respuestas a una controversia que ha generado rechazo transversal, pero varias de esas fórmulas todavía deben superar el examen de su viabilidad jurídica.
El riesgo es que la rapidez de los anuncios termine contrastando con las dificultades para convertirlos en una legislación efectiva.
Y es que, mientras el Congreso acumula propuestas para impedir nuevas rebajas de condena, sigue pendiente esclarecer si los 56 beneficios que originaron la controversia fueron consecuencia inevitable de la legislación vigente o si existía margen para resolverlos de otra manera.
Una interrogante que, por ahora, no se despeja con la presentación de nuevos proyectos.
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