El Comité de Diputadas y Diputados del Partido Comunista e Independientes solicitará una sesión especial de la Cámara para esclarecer las responsabilidades del Gobierno en la rebaja de condenas a 56 personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores. La decisión será el primer paso de una ofensiva fiscalizadora que mantiene abierta una eventual interpelación al ministro de Justicia, Fernando Rabat.
Un primer paso antes de recurrir a una interpelación. Esa es la estrategia que definió el Partido Comunista para abordar la controversia por las rebajas de condena otorgadas a 56 personas sentenciadas por violación y abuso sexual infantil durante el gobierno del presidente José Antonio Kast.
Aunque inicialmente los parlamentarios comunistas habían anunciado su intención de impulsar una interpelación al ministro de Justicia, Fernando Rabat, durante la jornada resolvieron priorizar una sesión especial de la Cámara de Diputadas y Diputados.
Sin embargo, la interpelación sigue sobre la mesa y podría concretarse posteriormente, dependiendo de las explicaciones que entregue el Ejecutivo y de si estas permiten esclarecer la controversia.
La ofensiva será encabezada por el diputado Marcos Barraza, integrante de la Comisión de Constitución y subjefe del Comité PC e Independientes.
Según los antecedentes revelados por Interferencia, entre el 11 de marzo y el 13 de septiembre se firmaron 56 decretos exentos que concedieron reducciones de condena a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores: 27 por abuso sexual y 29 por violación.
Se trata de rebajas de penas otorgadas mediante un procedimiento administrativo contemplado en la legislación, y no de indultos presidenciales, como han planteado algunos parlamentarios.
Barraza calificó los hechos como de máxima gravedad y apuntó a la responsabilidad política del Gobierno.
“El gobierno ha traspasado un límite inaceptable. Indultar a criminales que son violadores o agresores sexuales de niños, niñas y adolescentes no tiene ningún tipo de justificación. Se ponen del lado de los agresores y no del lado de las víctimas”, afirmó.
PC mantiene abierta la interpelación a Rabat
La decisión de solicitar primero una sesión especial modifica el orden de las acciones fiscalizadoras del PC, pero no implica renunciar a una eventual interpelación.
En esa línea, el diputado Bernardo Salinas cuestionó el papel del ministro Rabat, señalando que, independientemente de las atribuciones legales, corresponde explicar las consecuencias de estas decisiones.
“Aquí el ministro tiene que decir, más allá de la norma, más allá de la facultad que haya tenido, es una de las peores señales que puede dar un país con respecto a eso”, aseguró.
Salinas también planteó interrogantes sobre eventuales decisiones futuras del Ejecutivo respecto de condenados por violaciones a los derechos humanos recluidos en Punta Peuco.
A las críticas se sumó la diputada Irací Hassler, quien acusó una contradicción entre el discurso de seguridad del Gobierno y los beneficios concedidos a personas condenadas por delitos sexuales.
“Este gobierno llegó al poder prometiendo mayor seguridad, prometiendo mayores penas para los delincuentes, pero a los peores delincuentes de nuestro país lamentablemente quieren hoy día generarles un proceso para su liberación”, sostuvo.
Por su parte, el ministro Rabat ha explicado que las rebajas responden a criterios establecidos por la Corte Suprema sobre la aplicación de modificaciones legales que excluyeron de estos beneficios a condenados por delitos sexuales contra menores.
No obstante, los antecedentes publicados indican que ninguna de las 56 rebajas se habría originado directamente en un recurso judicial presentado por los beneficiados.
Así, el PC buscará que el Ejecutivo entregue explicaciones en una sesión especial, manteniendo la interpelación como una alternativa si las respuestas no resultan suficientes.
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