Fiscalía no persevera en causa por presuntas "cuotas" para campaña de alcalde de Pedro Aguirre Cerda

El Ministerio Público comunicó al 10° Juzgado de Garantía de Santiago que no perseverará en la investigación originada por denuncias de presuntos cobros a funcionarios de la Municipalidad de Pedro Aguirre Cerda para financiar la campaña de reelección del alcalde Luis Astudillo (Independiente). La decisión fue informada en una audiencia que se realizó el pasado 2 de octubre y alcanzó a toda la causa.

La Fiscalía Metropolitana Sur decidió no continuar con la investigación por las denuncias que apuntaban a un supuesto sistema de cobros de “cuotas” a funcionarios de la Municipalidad de Pedro Aguirre Cerda (PAC), presuntamente destinadas a financiar la campaña de reelección del alcalde Luis Astudillo. Al menos así se ventiló primero en una demanda laboral de ex trabajadores que desató la arista penal.

La determinación fue comunicada el pasado 2 de octubre ante el 10° Juzgado de Garantía de Santiago, en una audiencia encabezada por la magistrada María Verónica Arancibia. Según el acta de la audiencia que revisó la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío, el fiscal Eduardo Arrieta informó la decisión de no perseverar “para toda la causa”.

Con ello, la Fiscalía cerró la investigación sin llegar a una formalización, primero ni mucho menos llegar a presentar acusación formal. Según se expresó en la audiencia durante la investigación se pudo concluir que durante las diligencias no se reunieron antecedentes suficientes para sustentar un requerimiento penal por los hechos denunciados.

La resolución se vincula con una querella que había puesto bajo escrutinio una serie de conversaciones de WhatsApp y testimonios de exfuncionarios municipales. En mayo pasado se revelaron mensajes que aludían a presuntas presiones económicas para aportar recursos a la campaña del jefe comunal, reelegido en 2024 como independiente dentro del pacto de izquierda “Contigo Chile Mejor”.

De acuerdo con la denuncia original, el supuesto mecanismo se habría relacionado con el Programa de Mejoramiento de la Gestión Municipal, un beneficio que reciben funcionarios públicos. La hipótesis apuntaba a que parte de esos recursos debía destinarse, bajo presión, a financiar actividades electorales.

En uno de los mensajes divulgados entonces, una funcionaria manifestaba su preocupación por una citación relacionada con “las lucas pa la campaña”. En otro, se mencionaba una exigencia de $2,5 millones, monto que —según la acusación— debía ser entregado en efectivo.

Los antecedentes llevaron a que se indagara una eventual figura de cohecho y financiamiento irregular de campañas políticas. También se mencionó al administrador municipal, Gerardo Sánchez, como presunto articulador de los cobros.

Sin embargo, la investigación no derivó en una acusación ni en una formalización. La Fiscalía optó por ejercer la facultad prevista en el artículo 248 letra c) del Código Procesal Penal, por lo que comunicó su decisión de no perseverar cuando no se han reunido antecedentes suficientes para fundar una acusación.

En síntesis, todo lo expuesto y sancionado públicamente en ese momento, no tenía sustento para los investigadores.
La figura no equivale a una sentencia absolutoria ni a un sobreseimiento definitivo decretado por un tribunal.

Se trata de una decisión del Ministerio Público que pone término a la persecución penal mientras no existan elementos probatorios que permitan avanzar a juicio.

En la audiencia, que se extendió por siete minutos, quedaron notificados personalmente los intervinientes. Comparecieron, entre otros, los abogados Elías Said Tamayo, por Gerardo Sánchez; José Vergara Avendaño y Jorge Ibarra Silva.

Cuando surgieron las denuncias, la Municipalidad de Pedro Aguirre Cerda negó la existencia de un cobro de cuotas. El director jurídico del municipio, Marco Zepeda, sostuvo entonces que no se había acreditado una práctica de ese tipo y que el alcalde no tenía conocimiento de los hechos expuestos.