La exvocera del Gobierno de Gabriel Boric, Camila Vallejo, se refirió por medio de su cuenta de Instagram a las 56 rebajas de condena por delitos sexuales contra menores impulsadas por el Ministerio de Justicia. En la publicación, expuso que por “la gravedad del tema” amerita un video, donde contó que tuvo que contener la angustia y la rabia mientras hacía dormir a su bebé.
“No sabía si hacer este video, pero la gravedad del tema me parece que amerita. Y voy a partir diciendo que hace rato estaba, hace ya un rato, haciendo dormir a mi bebé, toda la rutina previo a hacerlo dormir y tuve que contenerme todo el tiempo, la angustia y la rabia que me generó esta noticia”, señaló Vallejo.
Asimismo, la exvocera cuestionó al Gobierno de Kast. “Cómo es posible Que este gobierno que se autodefiniera como el gobierno de emergencia, ¿cierto? El gobierno de la seguridad, el gobierno del ‘con mis niños no te metas’, haya decretado sin orden de la Corte Suprema la rebaja de condena a 56 a abusadores sexuales y violadores de menores de edad”, manifestó.
“Creo que es gravísimo, o sea, ¿esta es la señal que quieren darle a la sociedad? ¿Este es el país que quieren construir? ¿Esta es la sensación de impunidad que quieren generar? ¿Qué pasa con las víctimas? ¿Qué pasa con los menores de edad que quizás en estos momentos están siendo abusados? O sea, se genera una desconfianza en el sistema tremenda”, agregó.
“La ley no los obliga”
Del mismo modo, Vallejo precisó que “lo peor es que mienten, o no manejan bien la información. Dicen que la ley los obliga, pero la ley no los obliga. La ley que fue publicada en febrero del 2022 excluyó explícitamente de la posibilidad del beneficio de la rebaja de condenas a quienes cometieron delitos de abuso sexual contra menores de edad; abusadores sexuales y violadores. Los excluye de esa posibilidad de acceder a rebaja de penas”.
A renglón seguido, la exvocera expuso que “lo que ha pasado es que en muchos casos la Corte Suprema no ha querido interpretarlo retroactivamente o ha decidido no interpretarlo retroactivamente. Es decir, para los casos previos al 2022, pero no hay una especie de doctrina de la Corte Suprema respecto a esto, todos los casos se ven uno por uno”.
“Y por eso vale la pena pelearlos, y por eso el gobierno anterior, nuestro gobierno, en todas las solicitudes que se le extendieran al Ministerio de Justicia de regajar penas a estos delincuentes, se les dijo que no, se rechazaron cada una”, añadió.
Vallejo también detalló que “muchos de los casos en amparo se ganaron. El Ejecutivo peleó en cortes de apelaciones y ganó que estos delitos, o más bien estos condenados, no pudieran acceder a su solicitud de rebaja de pena; más bien no pudieran tener acceso a esta rebaja de pena, que no es un derecho además, es un beneficio”.
Vallejo cerró su video argumentando que “a mí la verdad, bueno, a mucha gente nos tiene indignada esta situación, es muy grave. Es muy grave el precedente que genera, es muy grave cómo el gobierno sigue defendiendo este cambio de criterios que ellos aplicaron, que no es más ni menos que una señal de impunidad. Yo espero que esto se revierta y que se hagan valer las responsabilidades políticas del caso. Ya es demasiado. Ha costado mucho tiempo construir y lograr justicia para las víctimas de los delitos de los más graves y delicados como son los delitos de abuso sexual contra menores”.
La polémica que escaló al Congreso
Las 56 rebajas de condena por delitos sexuales contra menores pusieron al Ministerio de Justicia en el centro de una polémica que escaló al Congreso. Hubo críticas parlamentarias y un anuncio del PC para reunir firmas e interpelar al ministro Fernando Rabat.
Según explicaron desde el Ministerio de Justicia a BioBioChile, la Suprema ha establecido que esa prohibición no puede aplicarse a delitos cometidos antes del 9 de febrero de 2022. La cartera aseguró que no ha concedido reducciones por abusos sexuales o violaciones de menores cometidos desde esa fecha, y que los casos aprobados durante la administración del presidente Kast cumplen todos los requisitos.
El ministerio fundamentó las decisiones: “Sin perjuicio de la especial gravedad que reviste la comisión de esta clase de delitos, el Ejecutivo se encuentra jurídicamente impedido de rechazar el beneficio de reducción de condena fundándose en la causal prevista en la letra e) del artículo 17 de la citada ley, cuando los hechos hayan sido perpetrados con anterioridad al 9 de febrero de 2022, de acuerdo con lo resuelto de manera reiterada por la Excelentísima Corte Suprema”.
En simple, la cartera sostiene que una ley posterior no puede quitarles una posibilidad de rebaja que existía cuando cometieron el delito. Eso no vuelve automático el beneficio: deben cumplirse las demás exigencias. Desde Justicia explican que las comisiones —integradas también por jueces y ministros de cortes— evalúan el comportamiento y que, acreditados los requisitos y descartadas las exclusiones, corresponde conceder la reducción.
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