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Resumen generado con una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por BioBioChile y revisado por el autor de este artículo.

En su primera vocería, Gonzalo Arenas abordó su presentación, el manejo de contingencias y la agenda legislativa, criticando la polémica por las 56 rebajas de condena por delitos sexuales en el gobierno de José Antonio Kast como "malintencionada". El Ministerio de Justicia respaldó estas rebajas según normativas vigentes. Arenas desmintió que estas decisiones favorezcan a los condenados, explicando que se ajustan a la ley y no son arbitrarias.

La primera vocería de Gonzalo Arenas estuvo marcada por su presentación, el enfoque de las contingencias y la agenda legislativa.

Entre estos temas abordó la polémica por las 56 rebajas de condena por delitos sexuales contra menores otorgadas durante el Gobierno de José Antonio Kast, noticia que calificó de “malintencionada”, ya que según dijo, “el Ejecutivo no puede hacer mucho más que cursar esas solicitudes”.

Cabe destacar que esta medida, que se dio a conocer hoy y ha generado diversas polémicas, fue confirmada por el Ministerio de Justicia, desde donde aseguraron que todos estos procesos han ido acorde a las normativas vigentes.

Arenas reafirmó la postura del Gobierno e incluso calificó esta noticia como “bastante malintencionada”, debido a la interpretación de los medios de prensa sobre que estas decisiones responderían a una intención del Gobierno para favorecer a los condenados.

El flamante vocero aseguró que la noticia publicada en la prensa “supone una cierta voluntad o intención del Ejecutivo de perdonar a algunos delincuentes que hayan cometido abusos sexuales”, y enfatizó en que eso dista de la realidad.

En esa línea, el vocero explicó que las rebajas de condena responden a un procedimiento respaldado por ley y aseguró que su aplicación no depende de una decisión arbitraria.

“Si las personas cumplen los criterios establecidos en la ley y son aprobadas y la decisión se toma por parte de las comisiones de rebajas de penas, el Ejecutivo no puede hacer mucho más que cursar esas solicitudes”, señaló.

“Aquí no estamos hablando de algo que sí nos gusta o no nos gusta, sino que estamos hablando de algo que ya está establecido en la ley. Es un derecho y no somos un gobierno arbitrario, agregó.

Arenas explicó que dichas solicitudes son de casos previos a la modificación de la ley en 2022, la cual prohíbe las rebajas de penas a los condenados por delitos sexuales, por lo que insistió en que no cae en algún acto arbitrario ya que la ley no es retroactiva y no puede prohibir estas solicitudes.