Hasta 12.000 norcoreanos que trabajan en una fábrica rusa de drones son víctimas de “graves violaciones de derechos humanos y trata de personas”, casi como esclavos, de acuerdo con un informe publicado el 14 de octubre de 2026 por el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS) y el Instituto George W. Bush.
En el documento se analiza cómo Rusia, Corea del Norte, China e Irán participan en la expansión de la producción de vehículos aéreos no tripulados (UAV) en la planta de Yelabuga, en Tartaristán.
Hasta 12.000 norcoreanos trabajarían como esclavos en fábrica rusa de drones
Mientras Moscú obtiene más de 5.500 drones al mes para su guerra contra Ucrania, China se beneficia como el principal proveedor de componentes de doble uso, entre ellos baterías, componentes electrónicos internos, motores y sistemas de navegación.
Irán ha suministrado a Rusia drones Shahed, lo que ha ayudado a Moscú a producir variantes nacionales mejoradas, conocidas como Geran.
A su vez, Corea del Norte obtiene ingresos al quedarse con hasta el 90 por ciento de los salarios de los trabajadores, según indica el informe.
“La ubicación geográfica de estos cuatro países hace que cualquier tipo de interdicción internacional sea imposible”, apunta Dan Pinkston, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad de Troy, en entrevista con DW.
Asimismo, el informe critica que Rusia y Corea del Norte estén desobedeciendo la Resolución 2397 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, de diciembre de 2017, que exige a cualquier Estado miembro de la ONU enviar a los trabajadores norcoreanos de regreso a su país en un plazo de dos años.
“El régimen norcoreano está vendiendo la mano de obra de sus ciudadanos en el marco de un acuerdo entre Estados, controlando si pueden salir del país y reteniendo la mayor parte de sus salarios”, señala el documento, que habla de “trabajo forzado”.
A juicio de Song Young-Chae, miembro de la Coalición Mundial para Detener el Genocidio en Corea del Norte, Pyongyang estaría esclavizando a su propio pueblo y para su propio beneficio.
“La situación es terrible, y sabemos que no solo está ocurriendo en Yelabuga”, dice a DW. “Sabemos que hay trabajadores de la construcción en los territorios ucranianos ocupados, norcoreanos en campamentos madereros y, por supuesto, decenas de miles de soldados que han sido enviados a luchar —y a morir— en el frente de Ucrania”, agrega Song.
“La vida en Corea del Norte no es fácil, pero a estas personas las envían a Rusia como esclavos, sin libertad, y solo se les permite quedarse con una fracción del dinero que ganan”, insiste.
El reto, admite, es encontrar una manera de detener este “tráfico de seres humanos”.
“Estos países comparten una frontera, por lo que es fácil transportar trabajadores, y ninguna otra agencia puede intervenir”, comenta Song. Además, “Rusia y China son miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, pero están ignorando sus resoluciones sobre este tema. Hay muy poco que se pueda hacer”, lamenta el activista.
La organización de derechos humanos de Song busca crear una “coalición de naciones y organismos con ideas afines” para proteger a los trabajadores, aunque admite sentirse “pesimista”.
Por su parte, Pinkston teme sobre todo el surgimiento de un bloque poderoso que pareciera estar “destrozando el orden establecido tras la Segunda Guerra Mundial en materia de Estado de derecho y derechos humanos”.
Está convencido de que las armas que se fabrican en Yelabuga contribuirán a alcanzar esos objetivos.
“Las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU sobre los trabajadores norcoreanos, la proliferación de armas y la venta de tecnologías de doble uso están siendo ignoradas, por lo que creo que podemos decir que el régimen de sanciones de la ONU está prácticamente muerto”, apunta Pinkston.
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