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Señor director:
Los recientes accidentes en las mineras con resultados fatales de mineros vuelven a plantear una disyuntiva urgente: ¿se está protegiendo realmente la vida de quienes trabajan en una de las industrias fundamentales del país?
El recordado derrumbe en la mina El Teniente en julio del pasado año dejó a seis trabajadores fallecidos. Meses después, la tragedia continúa generando cuestionamientos sobre las condiciones de seguridad y las responsabilidades de la empresa y sus contratistas.
Incluso, según Reuters (2026), se aplicaron sanciones por incumplimientos relacionados con la prevención de riesgos y la notificación de accidentes.
La preocupación aumenta frente a los nuevos accidentes registrados en 2026. Según el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin, 2026), hasta el pasado 15 de octubre se contabilizaban 13 trabajadores fallecidos durante el año.
Estás cifras demuestran que la seguridad minera debe ser una prioridad permanente y no una preocupación que aparece solamente después de una tragedia, para olvidarla dos días después cuando los noticiarios dejen de mostrarlo.
Si bien cada accidente debe investigarse para determinar sus causas y responsabilidades, las empresas tienen la obligación de identificar los riesgos y garantizar condiciones laborales seguras, innovando en medidas de prevención según las necesidades actuales.
A su vez, el Estado y gobierno de turno deben contar con una fiscalización capaz de prevenir incumplimientos y exigir medidas correctivas efectivas.
La minería es fundamental para la economía chilena, pero ninguna meta productiva puede justificar que la seguridad de los trabajadores quede en segundo plano. Las familias merecen respuestas, las víctimas merecen justicia y los trabajadores merecen regresar vivos a sus hogares.
Sofía Antonia Catalán Pizarro
Estudiante de primer año de Periodismo en la PUCV.
Orgullosa hija de un minero.
