El espejismo del libre mercado ha terminado por desmoronarse definitivamente, dejando a su paso un rastro de devastación social e institucional que ya no se puede ocultar bajo consignas tecnocráticas.

En este 2026, la realidad material de las familias es dramática: una inflación asfixiante y endémica devora el poder adquisitivo de los salarios reales mes a mes, mientras el desempleo estructural avanza sin tregua, destruyendo el tejido productivo y arrastrando a la clase media y a los sectores populares hacia la incertidumbre y la precariedad.

Frente a este escenario catastrófico, la intelectualidad económica oficial ha quedado totalmente al descubierto en su propia inutilidad. Los economistas ortodoxos, atrapados en sus dogmas abstractos, recetas macroeconómicas añejas y simulaciones estadísticas vacías, asisten ciegos, mudos e impotentes al desastre.

No pueden, o simplemente no saben, cómo detener una crisis que sus propios modelos de desregulación provocaron. Su parálisis actual no es un mero bache teórico; es una quiebra analítica que pretende condenar al país a una postración permanente bajo el pretexto de leyes de mercado supuestamente inmutables y naturales.

La crisis actual demuestra que abandonar la economía al arbitrio de las finanzas transnacionales y a la especulación sin patria es una receta para la disolución nacional. Las instituciones diseñadas bajo el consenso neoliberal, como el casino especulativo de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), desvían el ahorro nacional hacia circuitos financieros globales que no generan riqueza real ni empleo duradero, desprotegiendo la vejez obrera para alimentar burbujas bursátiles.

Ante este vacío de dirección política y la evidente abdicación de las élites globales, el sistema corporativo no se presenta como un parche cosmético ni como un retorno al estatismo burocrático de corte socialista, el cual solo multiplica la ineficiencia y divide a la nación.

El corporativismo es la respuesta analítica, vertical y patriótica indispensable para restaurar el orden: plantea la subordinación absoluta del capital y de la actividad económica al interés supremo y orgánico de la nación, sin destruir la propiedad privada, sino encauzándola hacia el bien común.

El pilar fundamental de la propuesta corporativa radica en la superación definitiva de la confrontación interna mediante la unidad nacional y la colaboración de funciones. Mientras el socialismo busca la destrucción de los sectores productivos y el capitalismo promueve una competencia salvaje que atomiza a la sociedad, el Estado corporativo edifica una estructura armónica superior.

En esta arquitectura, los comités técnicos, los gremios empresariales nacionales, los profesionales y los trabajadores organizados se integran directamente en el núcleo de la toma de decisiones del Estado a través de corporaciones sectoriales obligatorias. Es la sustitución de la anarquía del mercado por la planificación estratégica y concertada.

Bajo la conducción de una autoridad central soberana y con visión de largo plazo, se coordinan las cuotas de producción, se fajan los márgenes operativos para evitar la usura que dispara la inflación y se establecen salarios justos indexados a la productividad real. El Estado no absorbe las empresas; las disciplina, las protege de la competencia desleal externa y les exige un compromiso irrestricto con el desarrollo de la infraestructura y la industria del país.

Este diseño institucional permite abordar de manera simultánea los dos grandes flagelos que los economistas tradicionales consideran insolubles de forma conjunta: la inflación y el desempleo. El corporativismo demuestra que la inflación se combate desmantelando los monopolios especulativos y controlando los costos financieros, mientras que el desempleo se erradica mediante la inyección de capital en proyectos estratégicos nacionales —como energía, transporte y manufactura básica— gestionados en conjunto por el Estado y el capital privado nacional.

Al dirigir el ahorro interno hacia la economía real productiva, se corta el circuito de la especulación. De este modo, la estructura corporativa levanta una muralla soberana contra los dictámenes de los organismos internacionales, rescatando la soberanía económica para cimentar un orden social estable, ordenado, eficiente y profundamente arraigado en la dignidad del trabajo organizado.

Para operativizar esta visión, el Consejo Nacional de Corporaciones funciona como el órgano supremo de control macroeconómico, implementando una representación paritaria y orgánica entre trabajadores y gremios privados.

Bajo esta estructura, los Ministerios Técnicos calculan la capacidad de la manufactura local: si la industria interna puede cubrir la demanda de un bien, se aplican aranceles estratégicos para encarecer el producto extranjero, desincentivar su compra y asegurar que los nacionales consuman lo nuestro.

Por el contrario, aquellos bienes críticos que el país no produce quedan exentos de aranceles para garantizar su acceso. El comercio exterior deja de ser una vía de escape para el capital y se transforma en una herramienta de engrandecimiento nacional.

Cristián Poblete Rivas
Pensionado

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