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El exministro aseguró que durante el gobierno de Boric se rechazaban estas solicitudes y se defendía esa posición ante tribunales. También cuestionó la comparación de las cifras con las del gobierno anterior porque omiten, dice, las órdenes judiciales que obligaban a conceder los beneficios.
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El exministro de Justicia, Jaime Gajardo, cuestionó las rebajas de condena por delitos sexuales contra menores concedidas por la actual administración y acusó un cambio de criterio respecto del gobierno de Gabriel Boric.
En conversación con BioBioChile, explicó que durante su gestión se rechazaban esas solicitudes y se defendía esa posición ante tribunales. Si los condenados presentaban recursos y obtenían un fallo favorable, el ministerio debía cumplirlo. La actual administración, en cambio, concede las rebajas directamente, aplicando el criterio de sentencias anteriores.
“Pero ahora… ahora cambiaron el criterio”, sostuvo Gajardo. Su reproche fue directo: “Lo que ellos hacen es facilitarle la vida a los delincuentes”.
La reforma de 2022 para las rebajas de condena
La polémica surgió tras conocerse que el Ministerio de Justicia concedió 56 rebajas por delitos sexuales contra menores durante el actual gobierno. La pregunta de fondo es por qué accedieron al beneficio si una reforma de 2022 excluyó a condenados por determinados delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes.
El ministerio encabezado por Fernando Rabat sostiene que la interpretación mayoritaria y reiterada de la Corte Suprema impide aplicar esa exclusión a delitos cometidos antes del 9 de febrero de 2022. Según la cartera, si se cumplen los demás requisitos, corresponde conceder la rebaja.
En este escenario, el exministro Jaime Gajardo explicó que su administración defendía una interpretación distinta: consideraba que la reforma regulaba beneficios penitenciarios de carácter administrativo y procesal, por lo que debía aplicarse desde su entrada en vigencia, incluso a solicitudes por hechos anteriores.
“Es una discusión jurídica, y además incluso el criterio de la Suprema puede cambiar”, afirmó Gajardo, quien recordó que hubo cortes de apelaciones que compartieron la posición del ministerio.
Gajardo cuestiona que Justicia deje de defender los rechazos
Durante la mañana, el actual ministro Fernando Rabat explicó que la cartera recogió “la doctrina de la Corte Suprema en decenas de recursos de amparo”. Posteriormente, Justicia señaló a este medio que aplicar esa jurisprudencia evita obligar a los solicitantes a recurrir nuevamente a tribunales y retrasar beneficios que, según su interpretación, legalmente corresponden.
Gajardo rechazó ese argumento. A su juicio, el ministerio debía mantener los rechazos y defenderlos judicialmente, porque los fallos pueden cambiar:
“Las sentencias de la Corte cambian. O sea, la jurisprudencia en Chile no es un precedente”, sostuvo. Luego agregó que “así como un día acogen los amparos, al día siguiente te los pueden rechazar”.
El exministro también cuestionó la posición que asumió la actual gestión: “Ellos están asumiendo el alegato de los defensores de los violadores de niños… Entonces, es como el mundo al revés”.
Las cifras del gobierno de Boric: “Nuestro criterio era rechazar”
Gajardo también cuestionó la comparación publicada por Emol, que informó que en los últimos cinco años se concedieron 332 rebajas de condena y que 276 correspondieron al mandato de Gabriel Boric. Su objeción apunta a que esas cifras no distinguen entre aprobar directamente una solicitud y concederla después de que un tribunal lo ordenara.
“Entonces, obvian esa parte y solo dicen que se otorgaron todas estas rebajas de condena”, criticó.
Según el exministro, tanto el gobierno de Sebastián Piñera, durante los últimos meses de su mandato, como el de Boric aplicaron la exclusión incorporada en 2022: “Nosotros teníamos un criterio que era muy estricto. La ley se aprobó desde el 2022 y desde el 2022 nosotros rechazábamos. Si alguien quería recurrir, bueno, que lo resolviera la Corte, pero nuestro criterio era rechazar”, sostuvo.
Agregó que no todos los condenados presentaban recursos y que Justicia defendía sus decisiones ante las cortes. Por eso, considera que comparar los totales sin explicar ese procedimiento deja fuera una diferencia central.
“Por eso el Ministerio rechazaba las reducciones, porque ese es el objetivo de la ley: que las personas que hayan cometido estos delitos no tengan reducciones de condena. Entonces, por eso es tan delicado que el Ministerio ahora las acoja sin más”, concluyó.
