Señor Director:

A propósito de la Ley de Reconstrucción Nacional, publicada en el Diario Oficial el sábado pasado, es necesario identificar cuáles son las verdaderas dificultades para sacar adelante proyectos en Chile: desde luego la permisología, pero también ciertas ONG anti inversión.

Cada vez más, podemos observar cómo algunas ONG que ocupan importantes instancias de toma de decisión se suelen mostrar como agencias neutrales, técnicas o portavoces de las demandas comunes de sus integrantes, mientras que, en la realidad, responden a intereses ideológicos de sus financistas, muchas veces extranjeros.

Así, en un mundo globalizado, las agendas políticas no se detienen en las fronteras y pueden utilizar organizaciones locales como vehículos de incidencia.

Basta ver las ultimas actuaciones de ONG que aportan a las capacidades de comunidades afectas a la Ley Lafkenche, pero financiadas por ONG extranjeras ideologizadas.

O las declaraciones de ONG chilenas denunciando trabajos forzosos en Chile, que desembocó en sanciones a exportaciones chilenas.

Así, debemos observar el fenómeno de las ONG desde una perspectiva distinta: si bien se trata de órganos vitales para la articulación de intereses de las comunidades, en la actualidad, no basta con preguntar qué causa defienden -que muchas veces parecen ser válidas y honestas- sino que ir más allá y cuestionar, ¿quién las financia? ¿Qué intereses tienen sus financistas? y, si, en definitiva, su actuación beneficia a las comunidades que dicen defender.

Vicente González Acosta
Investigador Política y Sociedad Instituto Res Publica