Una nueva controversia se abrió en torno a la administración de recursos de Codelco, luego de que el diputado Daniel Valenzuela (IND-RN) denunciara la existencia de millonarios préstamos otorgados por la estatal a organizaciones sindicales, algunos de los cuales, según aseguró, mantienen deudas que se arrastran desde hace hasta 35 años.
Los antecedentes surgen de una respuesta oficial enviada por la Corporación Nacional del Cobre a la Cámara de Diputados, luego de un requerimiento de información presentado por el parlamentario para conocer los mecanismos de financiamiento, préstamos y beneficios entregados a los sindicatos de la empresa.
El documento, fechado el 6 de octubre de 2026 y firmado por el presidente ejecutivo de Codelco, Jorge Gómez, incluye antecedentes sobre créditos otorgados a organizaciones sindicales, además de las normas que regulan los aportes y beneficios que entrega la compañía.
Según las cifras expuestas por Valenzuela, los préstamos alcanzan los US$24 millones, mientras que más de US$20 millones permanecerían pendientes de pago, situación que llevó al legislador a cuestionar los mecanismos de control y recuperación de estos recursos.
“¿Cómo se explica que Codelco otorgue préstamos millonarios que permanecen impagos durante décadas? ¿Se presta dinero sin garantías suficientes y sin tener la certeza de que será devuelto?”, cuestionó.
En esa línea, el diputado advirtió que, si los recursos fueron entregados sin asegurar su recuperación, se trataría de una situación que exige explicaciones urgentes y responsabilidades concretas.
Los antecedentes entregados por Codelco
La respuesta de la estatal incluye un cuadro con créditos otorgados a organizaciones sindicales de distintas divisiones, entre ellas Chuquicamata, Salvador y El Teniente, además de la Federación de Supervisores del Cobre.
El documento también incorpora la Norma Corporativa, que establece los criterios para la entrega, aprobación, rendición y control de aportes a organizaciones sindicales y gremiales.
Entre sus disposiciones, la normativa contempla mecanismos de trazabilidad y rendición de recursos, junto con restricciones destinadas a impedir que los aportes tengan carácter de donaciones o liberalidades.
Sin embargo, Valenzuela sostuvo que los antecedentes conocidos abren interrogantes sobre las condiciones bajo las cuales se concedieron los préstamos y las acciones emprendidas para recuperar los montos adeudados.
“La pregunta es muy simple: ¿Se tomaron las garantías correspondientes al momento de otorgar estos préstamos? ¿Qué acciones judiciales se han iniciado para recuperar los recursos? ¿Quién responde por una deuda de más de US$20 millones que sigue pendiente?”, afirmó.
El legislador insistió en que no se puede permitir que millones de dólares permanezcan impagos durante décadas sin que exista claridad sobre las medidas adoptadas para recuperarlos.
Pide intervención de Contraloría y advierte sobre eventual privatización
Frente a estos antecedentes, el diputado solicitó que la Contraloría General de la República examine las operaciones, determine si los procedimientos utilizados por Codelco se ajustaron a la normativa vigente y establezca eventuales responsabilidades administrativas.
Asimismo, pidió que los antecedentes sean puestos en conocimiento del Ministerio Público si de su revisión surgen indicios de posibles delitos, para determinar si corresponde abrir una investigación penal.
Valenzuela también cuestionó la relación entre la administración de la estatal y las organizaciones sindicales, acusando que este tipo de operaciones podría comprometer la independencia de los trabajadores frente a la empresa.
“Literalmente se están comprando a los trabajadores”, sostuvo el parlamentario al cuestionar los préstamos.
Finalmente, advirtió que la falta de explicaciones y medidas para recuperar los recursos podría reabrir el debate sobre el futuro de la propiedad de la cuprífera.
“Si seguimos conociendo antecedentes de esta naturaleza y no existen explicaciones satisfactorias ni medidas concretas para recuperar la plata, después no se quejen cuando la privatización de Codelco vuelva a ponerse sobre la mesa”, señaló.
“Codelco pertenece a todos los chilenos, no a los ejecutivos ni a los sindicatos. Su patrimonio debe administrarse con responsabilidad, transparencia y sin privilegios”, concluyó.
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