El magistrado Daniel Urrutia, contra quien se abrió un cuaderno de remoción por salir del país con licencia médica, presentó una demanda de tutela contra la Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ). En ella, solicitó una indemnización de $77 millones por la afectación a sus derechos fundamentales.
La Unidad de Investigación de Bío Bío tuvo acceso a la demanda interpuesta por Urrutia, la que acusa que la Corte Suprema lo está persiguiendo dos veces por los mismos hechos, luego de que la Corte de Apelaciones de Santiago determinara no sancionarlo por sus viajes. El juez del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago también reclama por la filtración del procedimiento a la prensa y por la falta de protección frente a amenazas de muerte.
El escrito, ingresado el 13 de agosto ante el Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago contra la corporación que representa la presidenta de la Suprema, Gloria Ana Chevesich, pide además suspender el cuaderno de remoción mientras se resuelve el juicio.
Dos viajes
El 17 de julio de 2025 se instruyó un sumario contra Urrutia por haber salido del país durante periodos de licencia médica. La indagatoria comprendió dos viajes: uno a Costa Rica en enero de 2020, para asistir a la audiencia del caso Urrutia Laubreaux vs. Chile ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y otro a Ecuador en junio de 2022:
—El segundo viaje tuvo lugar en junio de 2022, hacia el final de una licencia psiquiátrica prescrita por mi médico tratante. Viajé a Ecuador con el objeto de realizar una terapia de activación conductual prescrita y autorizada por el mismo profesional dirigida por una profesional facilitadora de ritos de paso y se decidió el viaje en ese momento pues coincidió con que se abrió un cupo en la comunidad terapéutica. Es importante señalar que el tiempo de la terapia se produjo en días de vacaciones laborales —señala la demanda.
El mismo texto detalla que el 12 de mayo de 2026 el Pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago decidió no sancionarlo. Tal como publicó BioBioChile, respecto del viaje a Costa Rica, el tribunal capitalino optó por sobreseerlo por prescripción, mientras que sobre su estadía en Ecuador decidió absolverlo por 14 votos contra 13.
La demanda señala que recién el 2 de julio la Corte Suprema abrió de oficio el cuaderno de remoción invocando el artículo 80 de la Constitución y “teniendo en consideración la índole y entidad de los hechos acreditados”, luego de que la decisión de la Corte de Santiago quedara firme el 19 de junio. Sin embargo, tres días antes, el 16 de junio, ya se había informado que la Suprema había abierto cuadernos de remoción contra 42 funcionarios, entre ellos Urrutia.
Para Urrutia, la apertura de ese cuaderno “genera una apariencia objetiva de sancionar dos veces” por un mismo núcleo de hechos. Por eso pidió al tribunal laboral que oficie a la Corte Suprema para suspender provisionalmente su tramitación hasta que exista sentencia firme sobre la tutela.
Magistrado invoca rol gremial
Urrutia es además presidente regional metropolitano de la Organización de Trabajadoras y Trabajadores Judiciales (OTJ) desde diciembre de 2025, cargo que, según la demanda, le otorga fuero. El juez sostiene que el cuaderno de remoción puede ser una represalia por su actividad gremial y por las denuncias que presentó ante el Pleno de la Suprema desde enero de este año.
Entre ellas, menciona denuncias realizadas contra las ministras Adelita Ravanales y María Cristina Gajardo, que fueron rechazadas por infundadas sin que se abriera sumario. Igualmente, menciona que el hijo del ministro Manuel Antonio Valderrama se encuentra en calidad de imputado en una causa sustanciada ante el tribunal de Urrutia. Pese a ello, el magistrado sostiene que ni Valderrama, ni Ravanales ni Gajardo se inhabilitaron para votar la apertura del cuaderno de remoción.
—Asimismo, se ha señalado el rumor de que se abrieron 56 cuadernos de remoción para echar a uno, este uno sería yo como dirigente molesto para la jerarquía —expresa la acción legal.
La demanda relata que el sumario, de carácter reservado, se filtró en diciembre de 2025, y que en junio pasado un medio lo asoció a “licencias médicas falsas” pese a su absolución. A ello siguió una campaña en redes sociales que incluyó amenazas de muerte, como la de un usuario que escribió: “un ladrillo de C4 con este weón y asunto arreglado”. El juez acusa que, frente a ello, la Corporación Administrativa del Poder Judicial no adoptó medidas de seguridad, contención ni apoyo psicológico, ni lo derivó al organismo administrador de la ley de accidentes del trabajo.
En cuanto a la indemnización, el escrito presenta dos cifras disímiles. En el cuerpo de la demanda estima el daño moral en más de $92 millones, equivalentes a 11 remuneraciones de poco más de $8,4 millones brutos, pero en las peticiones concretas solicita $77,4 millones. Para representarlo en la causa, Urrutia designó a los abogados Paula Pizarro San Martín y Carlos Quezada Orozco. El Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago admitió la demanda a trámite y citó a una audiencia preparatoria para el próximo 16 de noviembre.
Urrutia es uno de los cinco jueces cuya eventual remoción la Corte Suprema aún debe revisar. Por esos procesos ya se realizaron alegatos ante un Pleno conformado por 14 ministros titulares y cuatro suplentes. Para el 19 de octubre próximo, cuando se definirá la suerte de los jueces restantes, el Pleno debiera estar conformado por los mismos integrantes que estuvieron presentes en la vista de la causa.
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