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Como chileno, quiero señalar que estoy de acuerdo con un nuevo retiro de las AFP. Y lo digo desde una posición que no reniega de la responsabilidad fiscal, que reconoce la importancia del ahorro previsional y que cree en la economía de mercado, los derechos de propiedad y la libertad económica. Precisamente por esas convicciones, considero que ha llegado el momento de discutir esta posibilidad sin prejuicios ni dogmas y, sobre todo, de dejar de postergar una decisión que hoy el país necesita abordar con urgencia.
Quienes se oponen a un nuevo retiro tienen argumentos atendibles. Advierten que una mayor disponibilidad de dinero puede impulsar el consumo, presionar los precios y dificultar el control de la inflación. También sostienen que los fondos previsionales tienen una finalidad específica: financiar las pensiones futuras. Retirar esos recursos hoy puede traducirse en jubilaciones más bajas mañana y en una mayor presión sobre el Estado para asistir a quienes no cuenten con ingresos suficientes durante su vejez.
Son riesgos reales y sería irresponsable desconocerlos. Pero reconocerlos no obliga a concluir que la única respuesta posible es prohibir cualquier nuevo retiro, sin importar el contexto que atraviese el país.
La economía no puede analizarse al margen de la realidad de las familias
Chile enfrenta un escenario preocupante. La desocupación llegó al 9,6% en el trimestre junio-agosto de 2026, mientras que el Banco Central redujo su proyección de crecimiento económico para este año a un rango de apenas 0,25% a 0,75%. A ello se suman las dificultades que atraviesan distintos sectores productivos, el endeudamiento de los hogares y la presión que el costo de la vida ejerce sobre los presupuestos familiares.
Detrás de estas cifras hay personas. Hay familias que deben hacer rendir un sueldo que no alcanza, trabajadores que buscan empleo durante meses, pequeños emprendedores que ven disminuir sus ventas y hogares que deben elegir qué cuenta pagar primero. Hay quienes acumulan deudas para financiar gastos cotidianos y quienes no tienen margen para enfrentar una enfermedad, una reparación urgente o cualquier imprevisto.
Para estas personas, la discusión económica no es una cuestión teórica. Es la diferencia entre llegar a fin de mes con cierta tranquilidad o vivir permanentemente al límite.
Por eso, me parece insuficiente responder a estas dificultades invocando exclusivamente el riesgo de un eventual sobrecalentamiento de la economía. Ese riesgo debe estudiarse, cuantificarse y ponderarse. Una inyección de liquidez puede aumentar el consumo y ejercer presión sobre determinados precios. Sin embargo, sus efectos dependen de múltiples factores, entre ellos el monto que se autorice retirar, la situación de la oferta, las condiciones del crédito y el comportamiento general de la demanda.
Si el argumento es que la economía puede sobrecalentarse, corresponde preguntarse: ¿cuál sería el monto razonable de un eventual retiro?, ¿qué condiciones permitirían reducir sus efectos adversos?, ¿qué impacto tendría sobre el consumo, los precios y el ahorro previsional? Son preguntas que merecen respuestas técnicas. Lo que no corresponde es convertirlas en una razón automática para clausurar el debate.
El desempleo no puede esperar
Cuando una economía enfrenta dificultades para generar empleo, la respuesta pública no puede limitarse a esperar que las medidas de mediano y largo plazo comiencen a producir resultados. Las familias que hoy están sin trabajo necesitan soluciones hoy.
Si una persona lleva meses sin empleo, enfrenta obligaciones financieras y ha agotado sus alternativas de crédito, ¿qué respuesta concreta le estamos ofreciendo? ¿Le pedimos simplemente que espere a que la inversión se reactive, que la economía recupere dinamismo y que el mercado laboral vuelva a generar oportunidades? ¿Qué le dice a sus hijos que hoy tienen hambre…que sigan esperando?
Es precisamente en ese contexto donde corresponde discutir nuevas alternativas de acceso al ahorro previsional. No necesariamente bajo la misma fórmula de los retiros anteriores ni desconociendo sus consecuencias, sino examinando mecanismos que permitan responder a las circunstancias actuales.
También deben considerarse las advertencias sobre los efectos que los retiros anteriores pueden haber tenido en el mercado de capitales, las tasas de interés y el acceso al crédito hipotecario. Sería poco serio ignorarlas. Pero tampoco lo sería convertir esa experiencia en una prohibición permanente, como si las circunstancias económicas fueran invariables y cualquier diseño alternativo estuviera condenado a producir los mismos resultados.
La experiencia debe servir para corregir, no para renunciar a discutir. Si los retiros anteriores tuvieron costos, corresponde identificar su magnitud, determinar qué factores los provocaron y evaluar cómo reducirlos. Un análisis responsable debe comparar los riesgos de permitir un nuevo retiro con los costos económicos y sociales de no ofrecer alternativas a quienes atraviesan una situación crítica.
El modelo de AFP no está escrito sobre piedra
Existe otra discusión que Chile necesita abordar sin temor: la revisión del propio sistema previsional.
El modelo de capitalización individual respondió a una determinada concepción económica y a las circunstancias históricas en las que fue diseñado. Como cualquier sistema institucional, puede y debe ser evaluado a la luz de sus resultados, de los cambios demográficos, de la evolución del mercado laboral y de las necesidades de la sociedad.
Defender la economía de mercado no significa considerar intocable cada una de sus instituciones. El liberalismo económico no exige inmovilidad. Por el contrario, supone reconocer que las reglas pueden perfeccionarse cuando la experiencia demuestra que necesitan ajustes.
Tampoco podemos ignorar que la capacidad de acumular ahorro previsional está estrechamente relacionada con la estabilidad del empleo, los ingresos, la continuidad de las cotizaciones y las condiciones laborales. Quien permanece largos períodos sin trabajo o cotiza de manera intermitente enfrenta dificultades para construir una pensión suficiente, incluso si el sistema administra adecuadamente sus recursos.
La respuesta a ese problema no puede limitarse a exigir que las personas ahorren más cuando muchas ni siquiera tienen ingresos suficientes para cubrir sus necesidades actuales. Se requiere una discusión previsional más amplia, que considere la suficiencia de las pensiones, la densidad de las cotizaciones, la formalidad laboral y la responsabilidad que corresponde tanto a los individuos como al Estado.
En ese marco, revisar el sistema no es destruirlo. Es someterlo a la evaluación que cualquier institución relevante merece.
La propiedad y la finalidad previsional deben entrar en una discusión honesta
Creo en los derechos de propiedad. Creo que las personas deben tener capacidad de decisión sobre el patrimonio que han construido con su trabajo. Y creo que esa convicción merece ser considerada seriamente cuando discutimos los ahorros previsionales.
Sé que los fondos acumulados en las AFP están sujetos a una regulación especial y que su finalidad es financiar las pensiones. No desconozco esa realidad ni sostengo que los afiliados puedan disponer libremente de ellos al margen de la ley. Lo que planteo es distinto: el Parlamento tiene la facultad y la responsabilidad de discutir si, bajo determinadas circunstancias, corresponde habilitar legalmente un nuevo retiro.
Por supuesto, un retiro no es dinero gratuito. Esos recursos forman parte del patrimonio previsional del afiliado y retirarlos hoy puede disminuir su ahorro futuro. Cada persona debe conocer esa consecuencia antes de tomar una decisión. Precisamente por eso, la información transparente es indispensable.
Pero hay una diferencia entre advertir sobre las consecuencias de una decisión y negar anticipadamente la posibilidad de tomarla.
Mi propuesta es que el Congreso discuta y apruebe un nuevo retiro, con un marco legal definido, información clara para los afiliados y una evaluación responsable de sus efectos económicos y previsionales. Que se establezcan las condiciones correspondientes y que cada aportante, conociendo las consecuencias, pueda decidir si hace uso de esa posibilidad o si prefiere mantener sus ahorros en el sistema.
No todos retirarán. No todos tienen las mismas necesidades ni enfrentan las mismas circunstancias. Precisamente por eso, una alternativa legal no debe confundirse con una obligación de retirar.
La responsabilidad económica también exige sensibilidad social
Es relativamente sencillo defender que nadie toque sus ahorros previsionales cuando se cuenta con ingresos suficientes, estabilidad laboral y capacidad para enfrentar imprevistos. Es mucho más difícil sostener esa posición frente a una familia que necesita liquidez para pagar una deuda, afrontar un gasto esencial o recuperar un mínimo de tranquilidad financiera.
Eso no significa que toda necesidad justifique cualquier medida. Significa que las políticas públicas deben considerar a las personas concretas, no solamente los modelos económicos con los que intentamos explicar su comportamiento.
Mi posición no nace del populismo ni de la intención de ofrecer una respuesta fácil a un problema complejo. Nace de una convicción liberal y de una preocupación social: las instituciones deben estar al servicio de las personas y sus reglas deben poder revisarse cuando las circunstancias lo ameritan.
Por eso, considero que el Parlamento debe abrir esta discusión con urgencia y avanzar hacia un nuevo retiro de las AFP.
Así las cosas, Chile necesita un nuevo retiro, y lo necesita ahora. Las urgencias de los ciudadanos no pueden quedar indefinidamente subordinadas a una discusión que se prolonga sin entregar respuestas concretas.
Por eso, no considero que abrir la posibilidad de un nuevo retiro sea una medida populista. Es una decisión que debe evaluarse a partir de la realidad económica y social que vive Chile y que hoy, a mi juicio, tiene fundamentos suficientes para avanzar.
El Parlamento debe asumir su responsabilidad, discutir las condiciones y aprobar un nuevo retiro sin más dilaciones. Quien decida mantener sus ahorros previsionales debe poder hacerlo; quien, conociendo las consecuencias, necesite disponer de ellos debe contar con una alternativa legal para tomar esa decisión.
No todos los chilenos viven la misma realidad económica. No todos tienen la misma estabilidad laboral, los mismos ingresos ni la misma capacidad para enfrentar una emergencia. Una política responsable debe reconocer esas diferencias y ofrecer alternativas, en lugar de imponer una única respuesta a todos.
Negarse a un nuevo retiro es, en definitiva, no escuchar el clamor de Chile. Es darle la espalda a miles de familias que hoy necesitan respuestas concretas frente al desempleo, el endeudamiento y el costo de la vida. La responsabilidad económica no puede convertirse en indiferencia social.
La previsión importa, pero también importa la calidad de vida de las personas que hoy necesitan una respuesta.
Mi posición es clara: estoy a favor de un nuevo retiro de las AFP y considero que Chile lo requiere con urgencia. No desde la improvisación, sino desde la convicción de que la política económica debe combinar responsabilidad con sensibilidad social.
