¿Se está fraguando un estallido social 2.0?

A pocos días de un nuevo aniversario del 18 de octubre de 2019, Chile vuelve a mirar su propio malestar sin que nadie lo haya resuelto. Sigue ahí, acumulándose bajo promesas que no se cumplen. La semana del 5 de octubre de 2026 mostró una crisis institucional con varios frentes abiertos, la desaprobación ciudadana al gobierno, los parches financieros del modelo de infraestructura, los recortes presupuestarios en áreas clave, las dudas sobre el Poder Judicial y una élite política que no quiere dar paso a una nueva generación.

Las encuestas semanales muestran otra vez una desaprobación superior al 60% hacia el Ejecutivo. Lo relevante es la distancia entre lo que se prometió y lo que se vive. El gobierno de José Antonio Kast llegó a La Moneda con una promesa de cambio, de orden y de soluciones concretas, prometiendo ordenar la casa. Siete meses después, esa expectativa choca con la rutina de los hogares.

Las demandas que detonaron las protestas de hace siete años, como el costo de la vida, las pensiones, la salud pública y la desigualdad, no fueron resueltas por los gobiernos posteriores ni encauzadas por los fallidos procesos constituyentes. La sociología chilena lo viene advirtiendo hace décadas, el malestar surge de la brecha entre las expectativas de progreso y la experiencia cotidiana, como planteó el PNUD (Programa de las Naciones unidas para el Desarrollo) en Las paradojas de la modernización (1998) y retomó Alberto Mayol en El derrumbe del modelo (2012). Cuando esa brecha se mantiene, las promesas se vuelven puro discurso y la distancia entre la clase política y las urgencias ciudadanas ya nadie la discute.

Esa distancia se nota en cualquier hogar. Pensemos en una familia de clase media de la periferia de Santiago, donde ambos padres se levantan temprano para cumplir sus jornadas y sacar adelante a sus dos hijos en edad escolar. Para ellos, el presupuesto mensual es un malabarismo permanente. Cada mañana, al salir en su auto usado, el cobro del TAG les pega en el bolsillo y es un peaje que no pueden evitar si quieren llegar a tiempo. A eso se suman los anuncios recientes de rebaja tarifaria en la Autopista Central a cambio de extender el contrato de concesión.

Reportajes periodísticos han documentado que contratos que debieron terminar o renegociar sus cobros se han prolongado mediante mecanismos de compartición de ingresos que terminan en las arcas fiscales. Esta práctica, mantenida por la administración de Gabriel Boric y continuada en las negociaciones actuales, convirtió las concesiones viales en un “impuesto encubierto” estimado en $2,7 billones, que pagan familias sin alternativas reales de transporte. Como analicé en una columna sobre el TAG, al examinar las distorsiones del modelo vial, el problema excede a las autopistas, ya que “el que paga pasa” lo termina imponiendo el propio Estado, con mecanismos de recaudación poco transparentes.

La misma familia ve cómo el debate de la Ley de Presupuestos y la gestión de los Gobiernos Regionales la golpean de otra forma. En la escuela de sus hijos se reducen los programas de apoyo informático y la entrega de computadores de las Becas TIC se limita por recortes fiscales. Al mismo tiempo, las noticias muestran fondos de los Gobiernos Regionales perdidos en redes de corrupción o malas prácticas administrativas. La familia recorta gastos esenciales, compra de su bolsillo las herramientas tecnológicas que necesitan sus hijos y aguanta la inflación, mientras el Estado exige mayor rigor a los ciudadanos vulnerables y a la clase media para financiar sus propias ineficiencias. Así, la clase media termina pagando las decisiones que se toman para sostener los compromisos y la burocracia de la política tradicional. Esa diferencia entre el sacrificio que se le pide a la gente y la rendición de cuentas que se le debe es una de las mayores fuentes de desconfianza hacia las instituciones.

A esto se suman las dudas sobre el Poder Judicial, que debería ser el último refugio de la confianza pública. El 6 de octubre, el Pleno de la Corte Suprema, presidido por Gloria Ana Chevesich, resolvió remover a otros cuatro integrantes del escalafón primario que viajaron al extranjero mientras hacían uso de licencias médicas. Con esa decisión se suman a los 11 removidos el 11 de septiembre, lo que da 15 en total.

El fundamento es el artículo 80 de la Constitución, que exige a los jueces mantener “buen comportamiento”. Solo uno de los cuatro casos se resolvió por unanimidad; los otros tres, por votación dividida. Tres casos no alcanzaron el quórum de 11 votos y otros cinco, antes suspendidos por el Tribunal Constitucional, se votarán el 19 de octubre.

Además, la presidenta de la Corte informó que los nombres de los removidos solo se conocerán cuando se dicten las sentencias. Más allá del fondo de cada caso, para una familia que cumple con sus obligaciones y exige lo mismo al Estado, ver a jueces cuestionados por el uso de licencias médicas, y un proceso que avanza con votos divididos y sin nombres, no ayuda a reconstruir la confianza en la justicia.

En el plano electoral, el problema se agrava por el cerco que mantiene la élite saliente. Figuras tradicionales insisten en ocupar los espacios de representación, se niegan a abrir paso a nuevos liderazgos y se aferran al poder sin ofrecer soluciones de fondo.

Esa falta de renovación generacional ensancha la brecha entre la sociedad y sus dirigentes. Albert Hirschman describió hace medio siglo que, cuando las instituciones no ofrecen cauces creíbles para expresar el descontento (voice), las personas optan por irse o por protestar. La sabiduría divina lo advertía antes: Proverbios 29:2 dice que “cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra; pero cuando los perversos están en el poder, el pueblo gime”. Hoy ese gemido se escucha en la frustración callada de las familias que ven a una clase política que no las escucha.

Si las demandas cotidianas siguen sin respuesta, si el presupuesto sigue recortando el bienestar de los hogares y si las instituciones, incluida la justicia, no logran recuperar su credibilidad, el malestar acumulado puede llevar al país a un nuevo punto de quiebre. El 18 de octubre mostró que los estallidos no avisan, aunque se van gestando mucho antes. Chile tiene motivos de sobra para volver a ese escenario, y a su dirigencia le queda poco tiempo para evitarlo, antes de que la advertencia se convierta en una realidad.